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JOSÉ MANUEL ANDRÉS
Sábado, 14 de febrero 2015, 12:51
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madrid. Más de 1.216.000 personas en España se encuentran en situación de dependencia reconocida. O lo que es lo mismo, un 2,6% de la población no puede llevar a cabo algunas de las actividades cotidianas básicas sin un apoyo, mayor o menor, de otros. Ocho años después de la implantación de la Ley de Dependencia, alrededor de medio millón de personas carecen de acceso a ningún tipo de prestación o servicio y 100.000 más permanecen a la espera de ser valoradas.
Son datos del XIV Dictamen del Observatorio Estatal para la Dependencia, que reflejan una disminución de los expedientes activos de los dependientes con derecho -73.800 personas menos en los últimos tres años- y de los dependientes atendidos. Cifras que muestran, según José Manuel Ramírez, presidente de la Asociación Estatal de Directores y Gerentes en Servicios Sociales, «el colapso derivado de una demolición controlada del sistema de atención a la dependencia».
En noviembre de 2014, los expedientes activos de personas con grado III de dependencia -el más grave- se situaron en 355.747, un descenso de 82.935 respecto a los 438.682 de junio de 2011. En el mismo periodo, las personas con grado II -dependencia severa- cayeron en casi 30.000 casos, y aumentaron en más de 22.000 las personas con grado I, sin acceso a prestación.
El saldo de desatendidos ascendió a 167.869 personas, un 18,7% del total de personas con derecho. La lista de espera ha descendido paulatinamente. Según Ramírez, «no se debe al buen funcionamiento del sistema sino a su colapso». Éste frena la entrada de nuevos usuarios y provoca que, desde 2012, 100.000 personas con derecho a atención hayan fallecido en lista de espera.
Respecto a la financiación del sistema, en 2014 el gasto ascendió a 6.367 millones de euros, de los cuales 3.994 fueron abonados por las comunidades autónomas, 1.233 por los propios usuarios y solo 1.140 por la Administración General del Estado. Algo que se traduce en que de cada cien euros invertidos, 63 los aportan las comunidades autónomas, 19 los usuarios y 18 la Administración Central. Datos que contrastan con los retornos directos estimados por seguridad social, IRPF, impuesto de sociedades o IVA, que sigue en aumento y en 2014 se aproxima ya a los 1.900 millones de euros, una cifra superior a la del gasto estatal en materia de dependencia.
Según Ramírez, «el mayor esfuerzo financiero de las comunidades autónomas y lo que parece una paulatina retirada del Gobierno en este sentido dibujan un panorama desolador». «Tengo dos hipótesis: que se trate de un problema ideológico del Gobierno, que no le interesen los problemas de la dependencia, o que esté presionado por las grandes compañías aseguradoras para apostar por un sistema privado», aseguró el presidente del Observatorio para la Dependencia, que insistió en su crítica hacia el Ejecutivo: «Si Rajoy mirase a la cara a una persona dependiente debería sentir vergüenza, y si no es así, es que no la tiene».
Gasto por atendido
Por otra parte, el gasto público por persona atendida se situó en 2014 en 6.665 euros, una cifra casi 2.000 euros inferior a la que se dedicó en 2009. Mientras, el gasto por habitante se mantiene en niveles similares a los del año anterior, con 104,49 euros, muy superior a los 67,8 de 2009. Los gerentes aseguran que el sistema, a pesar de la desinversión estatal, sigue mostrando una gran rentabilidad, ya que los retornos directos del sector se sitúan en el 37% -cuatro puntos más que en 2010- y por cada 1.000 millones anuales invertidos se recuperan 44 de manera directa, 100 de manera inducida, se crean 30.000 puestos de trabajo y se logra ampliar la atención a 120.000 personas en espera.
César Antón, director general del Imserso, cuestionó ayer los datos del informe, ya que, según sus palabras, «el sistema atiende al 83% de las personas con derecho».
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