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El Tribunal de Cuentas ve deficiencias en el control de gestión del Cervantes

  • Las irregularidades expresadas por la institución se refieren también a materia de personal y de contrataciones

El Tribunal de Cuentas ha aprobado el informe de fiscalización del Instituto Cervantes de 2012, aunque ha puesto de manifiesto incumplimientos en materia de personal y de contrataciones y deficiencias en sus sistemas de control de gestión.

En un comunicado hecho público, el Tribunal de Cuentas destaca un "importante número de deficiencias" de gestión detectadas en áreas como la cultural, la docente, la gestión de la tesorería por parte de los centros del Instituto Cervantes o los procedimientos para la autorización de los gastos de viaje. Por ello, sostiene el tribunal que el funcionamiento de los sistemas de control interno y de gestión del Instituto Cervantes no fueron suficientes en 2012 para cumplir con sus objetivos.

En materia de personal, señala que hubo incumplimientos que afectaban fundamentalmente a la plantilla de los centros y a las contrataciones de personal directivo, tanto en la sede como en los centros del Cervantes.

En concreto, según concluye el informe, el Instituto no había aprobado las cuantías efectivas para las retribuciones, fijas y variables, de aquellos puestos directivos de la sede que no estaban sujetos al convenio colectivo. Además, señala el tribunal , el Cervantes no cumplió determinados aspectos que recoge la normativa, como la inclusión en los pliegos de los criterios que habían de servir de base para las adjudicaciones.

En el contrato de arrendamiento de su sede en Atenas, dice, no constaba ni la autorización de la sede para la realización de las obras adicionales, ni la modificación presupuestaria necesaria para poder asumir el coste de las obras. Otra de las deficiencias detectadas por el tribunal es que la entidad no cumplió con la obligación de aprobar el inventario al cierre de cada ejercicio y remitirlo a la Dirección General de Patrimonio del Estado.

Tesoro Público

Asimismo, añade el comunicado, el Instituto Cervantes no respetó la obligación de ingresar directamente en el Tesoro Público las cantidades devengadas que, de acuerdo con la ley de regulación de los conflictos de intereses de los miembros del Gobierno y de los Altos Cargos de la Administración General del Estado, no debían ser percibidas por algunos miembros de su Consejo de Administración.

Tampoco comunicó al Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas la percepción de las dietas por asistencia a las reuniones de su Consejo de Administración, ni solicitó a ese departamento autorización de la cuantía de las dietas que abonó en 2012