El TSJEx confirma la sentencia del cese de la secretaria interventora de la Diputación cacereña

La sentencia, de la que informó ayer la Diputación, tiene fecha del pasado día 31 de mayo y condena a costas a los recurrentes.

Contra ella cabe recurso de casación ante el Tribunal Supremo, por lo que todavía no es firme.

Hay que recordar que el procedimiento de cese de la interventora comenzó en diciembre de 2016. Se trata de funcionarios de habilitación nacional cuyo relevo requiere de un informe preceptivo aunque no vinculante por parte del Ministerio de Hacienda y Función Pública. Ese informe fue desfavorable. Sin embargo, los tribunales de justicia han avalado de momento en dos ocasiones el cambio.

En la sentencia, el Tribunal Superior de Justicia sostiene que el «procedimiento seguido por la Diputación no es un procedimiento administrativo sancionador (...) no expone que se hayan cometido infracciones en el desarrollo del cargo por la interventora, sino que se aprecia una serie de circunstancias en su actuación que conlleva la pérdida de la confianza profesional en la que se basó su nombramiento».

La sala también indica que «no se utiliza el procedimiento de cese para imponer una sanción encubierta, que sería un supuesto constitutivo de desviación de poder».

El TSJEx subraya que «el libre cese acompaña a la libre designación», como es el caso del puesto de Intervención.

No obstante, se indica que la Diputación Provincial hizo una resolución de cese «ampliamente motivada» para evitar que se alegara falta de motivación, y se consideran «circunstancias probadas» los «numerosos reparos, retrasos e inseguridad jurídica por la constante emisión de observaciones y las disfunciones creadas en otros órganos de la Diputación».

Tres testigos declararon ante el TSJ que se hacían «continuos reparos» y llegan a hablar de «reparo sistemático o universal», con «observaciones fuera de las exigencias legales, cambio de criterio y discusión de cuestiones que no correspondían a la Intervención».

El Tribunal concede mucho valor a estos testimonios porque «no son la expresión de la voluntad de la Administración», y además, «no muestran ánimo contrario a la interventora, sino que concretan lo que presenciaron y los problemas por su actuación (...) llegando a una situación de cuasi paralización de la actividad administrativa de la Diputación de Cáceres».

No obstante, a Valle se la considera una «trabajadora incansable, estudiosa y minuciosa».

Igualmente, se señala en el texto de la sentencia que la «situación de acoso laboral alegada no ha quedado acreditada».