Tres años por abusar de un joven discapacitado en Cáceres

La diputada del PP Consuelo Rodríguez Píriz ha pedido estas explicaciones en base a la información que publicaba ayer el diario El Mundo, en la que se relata que la condena a esta persona ha sido rebajada de ocho años y medio, que pedía el fiscal, a tres años, tras un acuerdo entre el gabinete jurídico de la Junta y los abogados del Centro Ocupacional Novaforma, subvencionado por la Junta.

Rodríguez Píriz ha señalado que el Gobierno regional debe aclarar cuál ha sido su actuación en este asunto, que, en su opinión, «a todas luces perjudica» los intereses de este joven con discapacidad y al que la Junta tiene la obligación de proteger. Asimismo, se ha preguntado por los motivos por los que la Comisión Tutelar de Menores, que es la competente, no interpuso la denuncia, que sí presentó el matrimonio guardador con el que este joven con discapacidad convive y si fue «porque no se enteró o no se quiso enterar».

Píriz ha indicado que su partido «llegará al fondo de la cuestión para defender a este joven», además de que se depuren responsabilidades, porque «aunque al joven de nada le va resarcir del sufrimiento tenido, hay que hacer justicia y no se puede pastelear un pacto».

Por su parte, la directora general del Servicio de Extremeño de Promoción de la Autonomía y Atención a la Dependencia (SEPAD), Consolación Serrano, aseguró ayer que la administración regional ha velado en todo momento por los intereses del joven, y ha lamentado «la frivolidad» con la que se tratan estos temas. También ha recordado que existe una ley de protección de datos, que obliga a la Junta a proteger los datos personales de las personas bajo su tutela «y que el PP parece que no tiene claro».

Serrano ha explicado que desde el momento en el que las personas que están al cargo de este joven presentaron la denuncia, la Comisión Tutelar de Menores ha tenido conocimiento de los hechos y ha estado detrás de la defensa de esta persona.

En cuanto a las críticas del PP porque los abogados de la Junta hayan pactado con los del centro ocupacional una rebaja en la condena de cárcel que pedía la Fiscalía, ha precisado que hay que tener en cuenta que el acusado de los abusos sexuales es una persona con discapacidad, una circunstancia que ha influido «a la hora de exigir la respuesta judicial». No obstante, ha añadido que sí se consiguió que la cuantía económica recogida en la sentencia (30.000 euros) haya sido casi el doble que la que pedía la Fiscalía, y ha defendido la postura del gabinete jurídico de la Junta porque siempre ha buscado conseguir lo mejor para la persona tutelada.