La Plataforma Salvemos La Montaña, «decepcionada» con la comparecencia de Navarro sobre la mina

La Plataforma Salvemos La Montaña, «decepcionada» con la comparecencia de Navarro sobre la mina

EUROPA PRESS

La Plataforma Salvemos La Montaña se ha mostrado «decepcionada» con la comparecencia del consejero de Economía e Infraestructuras, José Luis Navarro, en el pleno de la Asamblea, para abordar el proyecto de la mina de litio de Cáceres, aunque, como ha insistido, «era previsible, por otra parte».

De todas formas, en tono irónico, este colectivo le ha agradecido a Navarro su «claridad expositiva, por haber dejado bien claro que al departamento que dirige solo lo conmueven las ofertas de las empresas privadas, y no la vida real de las personas de carne y hueso que pueden ver afectadas de un modo dramático sus condiciones vitales».

Así, ha explicado en nota de prensa que en la ciudad de Cáceres y en sus alrededores «se ha desatado un incendio» como consecuencia del acto por el cual la Dirección General de Industria, Energía y Minas ofreció en 2015 optar al registro minero de 'Cerro Milano', y «ahora el consejero de Economía e Infraestructuras no puede pretender negar el incendio echándole simplemente una manta por encima al humo».

Por ello, la Plataforma Salvemos la Montaña de Cáceres ha reiterado la necesidad de «detener, revocar y corregir» todas las actuaciones administrativas que están permitiendo «la actual agresión al valle de Valdeflores».

De esta forma, y continuando con el tono irónico, este colectivo ciudadano ha agradecido al consejero que haya recordado ante el poder legislativo extremeño que tiene ánimo de aplicar la legislación vigente y que además lo hará «con transparencia y asegurando la participación pública».

«Es un gran alivio saber que a partir de ahora se respetarán derechos de la ciudadanía que se habían vulnerado en algún procedimiento tramitado por la Dirección General de Industria, Energía y Minas, precisamente en uno de los trámites esenciales para garantizar la transparencia y participación pública de las que ahora parece un adalid el señor consejero», ha sostenido.

Por ese motivo, ha indicado que la propia consejería que proclama su «respeto escrupuloso» por las normas tuvo que estimar un recurso de alzada interpuesto frente al otorgamiento del permiso de investigación 'Ampliación a Valdeflores' para otras cuarenta y cinco cuadrículas mineras (que se iban a añadir a las dos cuadrículas ya concedidas), a resultas de lo cual «se vio obligada a ordenar repetir la parte del procedimiento que no había respetado el plazo de información pública al que debía someterse el plan de restauración».

Asimismo, ha incidido en que la diferencia entre «cumplir e incumplir» los plazos exigibles legalmente es «tan sustancial» que, cuando se le dio a la ciudadanía la posibilidad «real y efectiva» de alegar en el plazo reglamentario de treinta días frente al plan de restauración de las cuarenta y cinco cuadrículas mineras, fueron «más de 8.000 las alegaciones que llovieron sobre los despachos de la Dirección General de Industria, Energía y Minas».

Pero ese «éxito» en participación pública «sin duda habrá tenido que ser mal encajado por las empresas que están detrás de la mina de litio: el controvertido conglomerado español Sacyr, S.A., a través de su filial Valoriza Minería, S.L.U., y la australiana Plymouth Minerals Limited, que hace muy pocos días se ha despojado de otras inversiones no rentables de potasa en África y ha cambiado su nombre, como si se tratara de un cambio de imagen para captar nuevos inversores, por el de Infinity Lithium Corporation».

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«Pero las empresas española y australiana no quieren jugar dando la cara, y por eso han constituido una empresa mixta, Tecnología Extremeña del Litio, S.L.U., que es una mera pantalla con solo 3.000 euros de capital social que, además, no opera por sí, seguramente porque no tiene ninguna entidad real más que la que le da la ingeniería jurídico-societaria, y por eso quien ha ido a ejecutar el permiso de investigación sobre el terreno es otra empresa, Extremadura Mining, S.L., que es una empresa española poseída al 100 % por la australiana Tonsley Mining PTY LTD, que a su vez es un filial de Plymouth Minerals Limited. Y a ello habría que añadir las empresas subcontratadas que son las que están realizando los sondeos en el valle de Valdeflores», ha asegurado.

Entramado de sociedades

Por ello, y precisamente por la «complejidad» de ese entramado de sociedades, a la Plataforma Salvemos La Montaña le ha llamado la «atención» que Navarro «no haya nombrado siquiera a una sola de esas empresas en ningún momento de su intervención ante el pleno de la Asamblea de Extremadura», al que «fue para dar cumplida cuenta del procedimiento» y que «no lo ha conseguido».

Así, ha considerado que al hablar solo de promotor o de empresario pudiera crear en la audiencia la «falsa impresión» de que la misma persona que solicitó acceder a los registros mineros caducados de 'Cerro Milano', que fue Valoriza Minería, S.L.U., es la que ahora está actuando sobre el terreno, algo «no es así».

«Y, por tanto entra dentro de lo hipotéticamente posible que cualquier posible responsabilidad por lo que se está realizando o se realice en el futuro acabe diluyéndose, como en tantas otras situaciones lamentables de la historia de la minería española, en las que después de una catástrofe nunca acaban pagando los promotores privados que la causaron (todos recordamos ejemplos sonados), sino que se socializan las pérdidas ambientales y sociales, cuando antes se habían privatizado las ganancias económicas», ha sostenido.

También les ha llamado la atención que el señor consejero no se haya referido a la Plataforma Salvemos la Montaña de Cáceres, a la que solo se puede entender que aludió «muy indirectamente cuando reconoció: «Somos plenamente conscientes de la repercusión social que este proyecto está teniendo en Cácere».

Asimismo, este colectivo ha indicado que el señor consejero reconoció al principio de su intervención algo que resulta «clave» y que es que en la Consejería de Economía e Infraestructuras reside la competencia en materia de minas pero también la competencia de «atracción de inversiones», que «sin ningún empacho reconoció que estaba ejercitando».

«Y, efectivamente, así es como pueden entenderse algunas de sus afirmaciones vagas e imprecisas, como la de aplaudir que quisiera implantarse en Cáceres un promotor que anuncia una inversión inicial de más de 300 millones de euros y que plantea crear cientos de puestos de trabajo», ha indicado.

Además, la Plataforma Salvemos La Montaña ha insistido en que «todo eso son cifras trazadas a mano alzada sin desglose» y «sin posibilidad de contraste, que obedecen más bien a quien, deslumbrado por una oferta económica empresarial, quiere convencer a los demás de sus bondades, pero olvidando por completo que condenar a una ciudad Patrimonio de la Humanidad, capital de provincia, poblada por unas 100.000 personas, con un inminente hospital universitario de referencia, es algo mucho más importante que una mera operación aritmética de corte estrictamente económico».

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