Piden dos años de cárcel a un empresario por deber 100.000 euros al Estado

Audiencia Provincial de Cáceres/HOY
Audiencia Provincial de Cáceres / HOY

Se enfrenta a dos años de cárcel por no cotizar por sus trabajadores

Sergio Lorenzo
SERGIO LORENZOCáceres

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El administrador único, desde el año 2009, de la mercantil ‘Sociedad Extremeña de Poda SL’, S. S. B., fue juzgado este lunes en la Audiencia Provincial de Cáceres, acusado de haber cometido un delito contra la Seguridad Social.

Esta empresa tiene como objeto social la elaboración de estudios y proyectos silvícolas, trabajos de reforestación, y la realización de todo tipo de cerramientos metálicos, combinados con mampostería, madera y pvc, de fincas rústicas y urbanas. Según la fiscalía durante los años 2012 a 2016 la empresa tuvo dados de alta a más de 300 trabajadores por diferentes periodos, «sin que, durante dicho periodo de tiempo, cumpliese con su obligación de ingresar las cantidades relativas a las cotizaciones de esos trabajadores a la Seguridad Social».

Según la acusación pública, el empresario contrajo una deuda con la Seguridad Social de un total de 142.596 euros, por lo que cometió un delito contra la seguridad Social tipificado en artículo 307 del Código Penal. Este artículo indica que se debe condenar, «a quien obtenga, para sí o para otro, el disfrute de prestaciones del Sistema de la Seguridad Social, la prolongación indebida del mismo, o facilite a otros su obtención, por medio del error provocado mediante la simulación o tergiversación de hechos, o la ocultación consciente de hechos de los que tenía el deber de informar, causando con ello un perjuicio a la Administración Pública»

El fiscal ha solicitado al tribunal que se imponga al acusado una pena de dos años de prisión y pagar una multa de 200.000 euros, con responsabilidad subsidiaria de 30 días de privación de libertad en caso de impago. También se le quiere obligar a abonar a la Tesorería de la Seguridad Social los 142.596 euros de la deuda, menos las cantidades que ya ha liquidado.

Cuando se inició la causa el empresario abonó, el 9 de febrero de 2017, la cantidad de 42.190 euros en concepto de pago parcial de su deuda.

Su abogado defensor, José Piñero, ha pedido su libre absolución al asegurar que no hay fraude y que el empresario no había pagado por culpa de la crisis.

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