Borrar
¿Qué ha pasado hoy, 18 de marzo, en Extremadura?
Escudo franquista en Rincón de Ballesteros, eliminado este año. :: ALTAMIRANO
Los municipios cacereños deberán cumplir con la Memoria Histórica para tener subvención

Los municipios cacereños deberán cumplir con la Memoria Histórica para tener subvención

La Diputación creará una comisión de expertos y ayudará a los ayuntamientos a gestionar la eliminación de los vestigios del franquismo en la provincia

Necesitas ser suscriptor para acceder a esta funcionalidad.

Lunes, 27 de noviembre 2017, 07:15

Necesitas ser suscriptor para acceder a esta funcionalidad.

Compartir

La Ley de la Memoria Histórica estará muy presente en la operativa diaria de la Diputación cacereña el próximo ejercicio. Lo anunció la presidenta en la presentación oficial de los presupuestos de 2018, el pasado miércoles en el Parador de Jarandilla de la Vera. «Los ayuntamientos necesitan asesoramiento en este asunto y se lo daremos», indicó. En el pleno del viernes se aprobaron las cuentas de la institución provincial. Dentro de los 124 millones que configuran las cuentas del próximo año se habilitarán los fondos necesarios para constituir una comisión de expertos y elaborar un catálogo con los vestigios del franquismo en Cáceres y su posterior eliminación.

En esencia, lo que pretende el equipo de Gobierno es activar los mecanismos necesarios para que cualquier alcalde tenga el asesoramiento necesario que permita cumplir esa normativa en vigor en su pueblo.

No obstante, para el Partido Popular eso puede generar un conflicto. El texto que se ha aprobado contempla que se tenga en cuenta como un supuesto específico para el reintegro de una subvención el incumplimiento del artículo 15 de la Ley 52/2007 de 26 de diciembre, de la Memoria Histórica.

El PP no ha respaldado la propuesta de que sea un criterio para decidir las subvencionesRosario Cordero Presidenta de Diputación «Cuando voy a Valencia de Alcántara, Conchita, de 90 años, me dice que no sabe dónde se enterró a su padre»

Ese artículo dice lo siguiente: «Las Administraciones públicas, en el ejercicio de sus competencias, tomarán las medidas oportunas para la retirada de escudos, insignias, placas y otros objetos o menciones conmemorativas de exaltación, personal o colectiva, de la sublevación militar, de la Guerra Civil y de la represión de la Dictadura».

En el mismo articulado se añade esa coletilla que la misma Corporación provincial también incorpora ahora a sus decisiones: «Entre estas medidas podrá incluirse la retirada de subvenciones o ayudas públicas».

La Diputación estudiará «medidas a favor de quienes padecieron persecución o violencia durante la Guerra Civil y la dictadura». De ahí esa apuesta por la creación de esta comisión de expertos y la elaboración del catálogo de vestigios. El equipo de Gobierno insiste en que se dotará a los municipios de medios para cumplir la ley. Ese grupo de especialistas, de carácter provincial, tendrá representación de la sociedad civil, el ámbito académico y la Federación de Municipios y Provincias. Se determinarán criterios en la confección del catálogo y se orientará a los regidores.

Vestigios

De hecho, la propia comisión analizará uno a uno los vestigios y colaborará con los ayuntamientos «sobre su permanencia in situ conforme a los casos de excepcionalidad que plantea la Ley, o para proceder, en su caso, a su retirada y/o al traslado de los depósitos que tuviera establecidos el Ministerio de Cultura», informa la propia Diputación.

Posteriormente, se redactará un documento de trabajo que será elevado al pleno. En una segunda fase, se plantea que «cuando se soliciten ayudas públicas a la Institución provincial, asumirán (los ayuntamientos) el compromiso de cumplir con dicha norma».

Juan Luis Rodríguez Campos advierte que puede haber consenso en cumplir la ley, pero siempre que no se creen conflictos a los alcaldes. Se puede dar el caso, opina, de que los expertos no se pongan de acuerdo. O que el secretario de un ayuntamiento o un alcalde discrepen. Y que el caso llegue incluso a la vía judicial y se alargue allí años. «¿Por qué debe perder ese municipio su subvención? ¿Por qué se deben ver perjudicados los vecinos?», se cuestiona el diputado popular.

En el pleno del pasado viernes el portavoz del equipo de Gobierno Fernando García Nicolás aclaró que no se penalizará a los ayuntamientos siempre que expresen su voluntad de cumplir. En la solicitud de su ayuda o subvención a la Diputación se acompañará una memoria firmada por el alcalde que incluya esa buena intención.

El PP planteó consensuar la composición de la comisión de expertos entre los tres grupos políticos con representación en el pleno. También que se eliminase del texto toda posibilidad de que un ayuntamiento pueda perder su subvención.

«No se van a retirar subvenciones. Lo que se pide es un compromiso de cumplimiento», apuntó García Nicolás. La última palabra fue de la presidenta provincial, y Rosario Cordero dejó las cosas como estaban, es decir, con la idea de que los pueblos de Cáceres se ajusten a lo que dice la ley 52/2007, de 26 de diciembre sobre Memoria Histórica

«Esa ley debería estar cumpliéndose ya en todos los pueblos. Tenía que estar ejecutada en estos momentos pero los ayuntamientos tienen problemas. Y les ayudaremos», reflexionó. Cordero citó un caso con nombre propio, el de Conchita, una anciana de Valencia de Alcántara: «Cada vez que voy allí me encuentro con Conchita, de 90 años. Siempre me dice que quiere saber dónde está enterrado su padre para llevarle flores».

El testimonio de la presidenta cerró el debate abierto en la sesión plenaria del viernes. La Diputación contará con una línea de subvenciones para prestar ayuda a los municipios en el cumplimiento de la ley, aunque el PP ha expresado ya sus reticencias. No en vano, el Partido Popular optó por no apoyar la propuesta.

Ciudadanos no se pronunció por encontrarse su portavoz ausente del pleno.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios