Mina de litio: un largo proceso judicial

PABLO CALVOCáceres

Miles de personas salieron ayer a las calles en Cáceres para manifestarse en contra de la explotación de una mina de litio a cielo abierto en las inmediaciones de la ciudad. La Montaña, donde se encuentra el yacimiento, une a sus valores naturales un importante factor sentimental entre la población cacereña. El asunto ya ha sido largamente tratado, y lo será durante los próximos meses y probablemente años.

Porque la principal novedad de esta semana no es tanto el rechazo expresado ayer por una parte de la sociedad cacereña, los que ven inviable el proyecto desde el punto de vista medioambiental y los propietarios de terrenos. En febrero ya protagonizaron todos ellos una exitosa concentración de protesta.

Sí es importante el dictamen negativo de la comisión municipal de Urbanismo que se produjo el pasado jueves, pues es la primera vez que los grupos políticos han votado sobre la mina teniendo en cuenta unos informes, técnicos y jurídicos, que también son los primeros que analizan y evalúan el proyecto presentado. Es decir, es ahora, muchos meses y debates después, incluido un pleno en la Asamblea de Extremadura, cuando se han comenzado a adoptar decisiones basadas en razones de índole normativa y científica, no desde posturas definidas con antelación.

Pero habría resultado una sorpresa que esos informes municipales avalaran la petición de la empresa, y se situaran en contra de la opinión sostenida por el equipo de gobierno del PP, con el respaldo de socialistas y CáceresTú. Los tres partidos, ya sí con documentos en la mano, reiteraron en esa comisión su rechazo al proyecto.

Dicho entre paréntesis, a Ciudadanos se le va acabando el tiempo para pronunciarse sobre la mina de litio. Si en un principio su postura fue sensata, reclamando el poder conocer los detalles de una inversión tan importante para la ciudad, y examinar de ese modo los pros y contras que pudieran existir, mientras los otros partidos ya habían demonizado el proyecto, llega un momento en que la sociedad, votantes o no de Ciudadanos, tiene derecho a conocer alguna vez la opinión de cuatro concejales, si realmente se presentan como un partido con vocación de gobierno.

Pero la principal novedad respecto a la mina que se ha producido esta semana no radica, pues, ni en el rechazo social ni en el municipal, sino en una palabra: jurisprudencia. Fue pronunciada abiertamente por el director técnico de Tecnología Extremeña del Litio (TEL), David Valls, y ha sonado como un claro mensaje de resistencia.

Significa que piensan defender su idea de inversión hasta al final, a través de los tribunales de justicia si ello hiciera falta, y que están convencidos de que hay precedentes legales que avalan su proyecto de explotación minera en Valdeflores, un yacimiento anterior a la expansión de la ciudad, que estuvo activo en el siglo pasado y que puede ser considerado bien de dominio público.

Dicho de otra forma: tienen sus argumentos, han marcado una hoja de ruta en absoluto improvisada basada en un proyecto empresarial serio, y todo parece indicar que serán los jueces en última instancia, y no los partidos políticos ni sus estrategias electorales, los que dirán si Valdeflores puede volver a ser explotada, y en qué términos.

Resulta muy interesante el fenómeno de movilización ciudadana que se ha logrado generar en torno a la Plataforma Salvemos la Montaña, en una sociedad como la cacereña poco dada a expresarse.

Puede además que un día TEL se retire de Valdeflores por sus propias estrategias empresariales o por los condicionantes financieros que puedan surgir. Pero ya parece claro que no tienen intención de marcharse como consecuencia de un primer rechazo político o de la calle.

Teniendo en cuenta este horizonte, los informes, evaluaciones, declaraciones y estudios ambientales, jurídicos y de cualquier índole que se hagan sobre el proyecto por parte de las diferentes administraciones implicadas deberán ser lo suficientemente sólidos y bien asentados, es decir, alejada cualquier tentación de improvisación o partidismo, para pasar, llegado el momento, el escrutinio judicial al que todo apunta estamos abocados con la mina de Valdeflores.

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