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MANUEL M. NÚÑEZ
CÁCERES.
Lunes, 14 de agosto 2017, 08:43
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No es que coja velocidad de crucero, pero sí al menos se retoma el proyecto del aeródromo de Cáceres tras conseguir desatascarlo en la vía administrativa. La Consejería de Medio Ambiente ha resuelto las alegaciones presentadas al pliego de prescripciones técnicas que obligaron a suspender en junio un concurso que se había convocado apenas un mes antes. La publicación oficial en el Diario Oficial de Extremadura (DOE) fue el jueves 25 de mayo.
La iniciativa toma de nuevo intensidad en un proyecto que está cargado de contratiempos y que acumula retrasos. Hay que recordar que la presentación oficial se hizo en octubre de 2014, todavía con el Partido Popular en el Gobierno autonómico. Contó con más de cuatro millones de presupuesto divididos en dos anualidades, pero no concitó unanimidad política. De hecho, Podemos llegó a solicitar de forma explícita su paralización al entender que no era una prioridad.
Curiosamente, el Gobierno del PP pagó por anticipado los terrenos en los que está prevista la ubicación de la infraestructura. Su propietario era la Fundación Valhondo Calaff, una entidad con fines benéficos creada en 1956 y que recibió por su finca en Los Arenales 444.334 euros, en una operación que se formalizó el 22 de diciembre de 2014. Sin embargo, solo seis meses después, el aeródromo sufrió un frenazo. En junio de 2015, una resolución del Ministerio de Medio Ambiente advertía de que a la vista de la evaluación ambiental simplificada que se llevó a cabo, eran previsibles «impactos adversos significativos». Ello hacía necesaria la elaboración de un estudio de impacto ambiental. La Subdirección de Medio Natural instaba a analizar el riesgo de colisión de las aeronaves con las aves y pedía examinar qué especies se sitúan en las cabeceras de pista. También se hicieron alusiones al personal de las instalaciones y a la colonia de cigüeñas situada «a un kilómetro d e la pista de vuelo».
Éstas y otras cuestiones hacen necesario un procedimiento de evaluación ambiental que concluirá con una DIA, declaración de impacto ambiental. La Junta desistió del proyecto y así lo recogió el DOE el 21 de diciembre de 2015. Desde entonces y hasta ahora se ha trabajado, a paso lento, eso sí, en la contratación del estudio de impacto ambiental.
El concurso se convocó el pasado mes de mayo, tras varios retrasos. En junio se suspendió por el recurso de reposición que ahora se ha resuelto. De esta forma, la Consejería de Medio Ambiente confirma la convocatoria para el jueves 17 de la mesa de contratación para comprobar la documentación administrativa. En otra mesa, la del día 24 de agosto, se verán las primeras valoraciones de las ofertas recibidas y el 7 de septiembre se abordarán las propuestas económicas.
El plazo para elaborar y tramitar el estudio es de 24 meses. El contrato tiene un presupuesto de 58.685 euros que se dividen en tres anualidades: 16.940 euros en 2016, 33.275 en 2018 y 8.470 euros en 2019.
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