La Junta indemnizará con 2,4 millones a las empresas que hacían el hospital

Así lo avanzó ayer en Mérida el consejero de Sanidad y Políticas Sociales, José María Vergeles, que también confirmó que no se presentará recurso ante el Supremo contra la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Extremadura (TSJ). El fallo, que confirma el de primera instancia del Juzgado Contencioso número 1 de Mérida del pasado mes de diciembre, exculpa a las empresas del retraso que acumulaban las obras, una de las razones esgrimidas hace cuatro años para resolver el contrato. Las actividad no se reanudó hasta el 2016, tras ser adjudicado de nuevo el 10% restante del hospital que faltaba por ejecutar.

Vergeles explicó ayer en rueda de prensa que la indemnización se afrontará con los avales de las empresas retenidos y supondrá un «bocado» cercano a los 700.000 euros en las cuentas del SES. La decisión de resolver el anterior contrato «ha costado a los extremeños la diferencia que va entre nueve millones y quince millones de euros», añadió el consejero, aludiendo a la diferencia entre el presupuesto que las empresas consideraban en 2013 que era necesario para terminar el nuevo hospital y lo que se ha tenido que destinar en el segundo contrato para poder finalizarlo.

El consejero, según recoge Efe, considera que la sentencia es «demoledora» contra la gestión del Gobierno del PP en este asunto, por lo que no se acudirá al Tribunal Supremo. En su opinión, el fallo «recoge el afán del PP por paralizar las obras y echar la culpa del retraso a las empresas», a las que se negó un modificado del proyecto.

Asimismo, ha valorado la voluntad de diálogo de las empresas, y ha explicado que paralelamente a la presentación del recurso ante el TSJ, como solicitó el PP tras la primera sentencia, comenzaron a negociar con las empresas para que el fallo tuviera las menores repercusiones económicas posibles y para no paralizar las obras de la primera fase, que prevé que esté finalizada para los primeros meses de 2018.

Vergeles también señaló ayer que todo es consecuencia de la «política revisionista» que llevó a cabo el PP, y aseguró que estudiará la posibilidad de reclamar «consecuencias de otras características» al Gobierno anterior por lo que considera una «actitud obstruccionista».

La Junta de Extremadura indemnizará a la Unión Temporal de Empresas (UTE) que comenzó las obras del nuevo Hospital de Cáceres con «no menos» de 2,4 millones de euros por la resolución del contrato en 2013, después de haber alcanzado un principio de acuerdo las dos partes.

Así lo ha anunciado hoy el consejero de Sanidad y Políticas Sociales, José María Vergeles, tras la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Extremadura que exculpa a la UTE del retraso que se produjo en las obras.

El TSJEx ha confirmado la sentencia del Juzgado de lo Contencioso número 1 de Mérida que anula la resolución del Servicio Extremeño de Salud (SES) de septiembre de 2013, por la que resolvió el contrato con la UTE.

Vergeles ha adelantado que la indemnización se afrontará con los avales de las empresas retenidos y supondrá un «bocado» cercano a los 700.000 euros en las cuentas del SES.

Además, al retomar la obra en 2016 después de haber estado paralizada desde el 2013, ya no eran los nueve millones del principio, por el tiempo transcurrido o por los deterioros que se habían producido en las instalaciones construidas, ha precisado.

«Nos ha costado a los extremeños y a las extremeñas la diferencia que va entre nueve millones de euros y quince millones de euros», ha subrayado.

El consejero ha considerado que la sentencia es «demoledora» contra la gestión del Gobierno del PP en este asunto y su argumentos jurídicos «inapelables», y ha anunciado que no presentarán recurso de casación ante el Tribunal Supremo.

Vergeles, que ha valorado la voluntad de diálogo de las empresas, ha explicado que paralelamente a la presentación del recurso ante el TSJEx, como pedía el PP, comenzaron a negociar con las empresas para que la sentencia tuviera las menores repercusiones económicas posibles y para no paralizar las obras de la primera fase, que prevé que esté finalizada para los primeros meses de 2018.

Ha subrayado que la sentencia recoge el afán del PP por paralizar las obras y echar la culpa del retraso a las empresas, a las que se negó un modificado del proyecto, ha indicado.

Además de resolver el contrato, según Vergeles, se excluyó a estas empresas de la posibilidad de seguir contratando con las administraciones públicas, otro asunto que han tenido que resolver con ellas.

Vergeles ha señalado que el Gobierno del PP intentó hacer una concesión de la obra, «privatizar», en definitiva, y otro tipo de hospital, no de agudos y que contemplaba cien camas menos, dentro de una actitud «revisionista» de las políticas anteriores.

El titular de Sanidad, que ha resaltado la «gravedad política» de la gestión del PP, ha dicho que estudiarán si acuden a los tribunales para pedir responsabilidades, aunque sus esfuerzos se enfocan en acabar la obras lo antes posible.

Si el hospital no está listo en 2019, ha advertido, habría que devolver 50 millones de euros, porque son fondos europeos, lo que provocaría un «roto» en las arcas autonómicas.