Todos los hosteleros alegan ignorancia sobre el ruido que originaban sus locales

Abel G. R., gerente de Tacones. :: lorenzo cordero/
Abel G. R., gerente de Tacones. :: lorenzo cordero

Tras cinco días del juicio de la Madrila finalizan las declaraciones de los empresarios, que han repetido los mismos argumentos

Sergio Lorenzo
SERGIO LORENZOCáceres

«Claro que me asesoró. Si era mi pareja y es abogada, algo me asesoró. Confiaba en ella, y yo no tengo ningún estudio. Ninguno», declaró ayer en el juicio del ruido que cumplió ayer su quinta jornada uno de los hosteleros acusados. Abel G. R., tuvo desde diciembre de 2008 a agosto de 2009 el pub 'Tacones', el que se considera que originó más daños a los vecinos.

Se refería con sus palabras a María Isabel Moreno Duque, en la actualidad secretaria general de Arquitectura, Vivienda y Políticas de Consumo de la Junta de Extremadura. Según ha podido saber este diario fue investigada en la larga tramitación del caso del ruido, pero se archivó su posible implicación, al haber prescrito el supuesto delito, una vez transcurridos más de cinco años. Este diario no pudo contactar ayer con Moreno, que en la primera jornada del juicio, el pasado día 20 de septiembre, estuvo junto a otros miembros del PSOE en el Palacio de Justicia de Cáceres para mostrar su apoyo a Carmen Heras y Carlos Jurado.

MÁS INFORMACIÓN

Abel, que realizó su declaración algo alterado, fue avisado varias veces por la titular del Juzgado de lo Penal número 2 para que no interrumpiera a la fiscal, y para que dejara de decir palabrotas. Declaró que la titular de la licencia del pub Tacones era su pareja, y que firmó el contrato de alquiler del local, porque se lo dijo ella. También señaló que el dinero para el negocio lo pusieron ambos, aunque ella aportó el aval.

Moreno Duque fue investigada, pero se archivó la denuncia al haber prescrito

Otro de los doce hosteleros acusados es Rubén G. M., que declaró inmediatamente después. Se da la circunstancia de que es la persona que se quedó con el local 'Tacones' después de Abel. Rubén indicó que le pedían por el traspaso del local 18.000 euros, consiguiéndolo al final por 15.000.

Avisar por teléfono

Los dos hosteleros, como han hecho días atrás el resto de los empresarios sentados en el banquillo, dijeron ayer que no sabían que molestaban a los vecinos. Rubén indicó, en este sentido, que hizo pruebas en un piso para saber el volumen al que tenía que poner la música para no molestar, y que incluso le dio su número de teléfono a un vecino para que le avisara si la música estaba alta. «No me llamó nunca», dijo.

Abel, por su parte, se quejó de que los anteriores propietarios del local no les habían dicho nada de los problemas con los vecinos . Dijo que se enteró de que igual le precintaban el local por un comentario de un policía local. Abel reconoció en su declaración que cuando empezaron a tener problemas fueron a hablar con Carmen Heras y Carlos Jurado, alcaldesa y concejal de Seguridad en aquellos momentos, ahora también acusados en el juicio. Emilio Cortés Bechiarelli, abogado defensor de ambos, señaló ayer que el propio Ayuntamiento le sancionó a los gestores de 'Tacones' con una multa de 10.000 euros, para borrar cualquier imagen de connivencia.

El abogado de Rubén G. M., Crescencio Canelo recalcó que su cliente sólo estuvo regentando el local durante cinco meses, desde el 28 de septiembre de 2009 al 1 de marzo de 2010 y que había tenido tres abogados. Canelo es el último, asumiendo el caso, por el turno de oficio, el pasado mes de julio. Rubén dijo que dejó el negocio al saber los problemas que había, y al tener que hacer obras que ascendían a 180.000 euros. El alquiler que pagaba era de 2.500 euros al mes.

Quien también declaró ayer fue Eduardo R. S., que regentaba la 'Discoteca Down', ubicada en la Plaza de Albatros. Este es uno de los pocos locales implicados, junto a la Sala BArroco, que siguen abierto, tras pasar un tiempo precintado. Como se ha informado, siete de los nueve locales implicados en el juicio están cerrados. Eduardo, un hostelero que ha estado durante dos décadas dirigiendo locales en La Madrila, también declaró que no sabía que la discoteca molestaba a los vecinos.

Lo mismo dijo otro acusado, Santiago C. R., que regentaba La Cuerda, en la Madrila Alta, donde indicó que había problemas de ruido de personas en la calle, que se agudizaron al cortar al tráfico la Madrila Baja. Él fue condenado por traficar con drogas, y ayer precisó que estuvo en la cárcel desde el año 2010 al 2016.

Con la jornada de ayer terminaron las declaraciones de los acusados. El juicio seguirá el próximo lunes 2 de octubre. Declararán ya los vecinos de La Madrila que acusan a los empresarios de los locales. El juicio se espera que quede visto para sentencia el 31 de octubre.

Contenido Patrocinado

Fotos

Vídeos