Hacienda bloqueó tres millones a los 117 acusados de blanqueo

Los peritos de la Agencia Tributaria declararon ocultos por unas pantallas./Salvador Guinea
Los peritos de la Agencia Tributaria declararon ocultos por unas pantallas. / Salvador Guinea

Los peritos de la Agencia Tributaria, que declararon ayer ocultos por unas pantallas, señalan que las entidades no eran muy estrictas

Sergio Lorenzo
SERGIO LORENZOCáceres

Cuando ya se han cumplido cuatro meses del inicio en el campus de Cáceres del juicio con más acusados en España por blanqueo de dinero, ayer empezaron a declarar los miembros de la Agencia Tributaria que durante meses estuvieron investigando los ingresos legales de los 117 implicados, y las enormes sumas de dinero que tenían en los bancos.

Los peritos estuvieron desgranando su detallado informe que se presentó en febrero de 2016. Según declaró uno de ellos, el dinero de los acusados «no tiene procedencia legal, no tenían casi ingresos y algunos tienen antecedentes por trafico de drogas».

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Este informe es la base para que el ministerio fiscal acuse a los 117 imputados de blanquear varios millones de euros procedentes de la venta de drogas. Hacienda logró bloquear alrededor de tres millones de euros que tenían en sus cuentas bancarias.

«No llamaba la atención el elevado importe de las imposiciones», recoge el informe de los peritos

La fiscalía señala en su escrito de acusación, que había entidades bancarias, muchas de ellas en Plasencia (de donde son gran parte de los acusados), que no eran muy estrictas con estos clientes. Sostiene que había operaciones financieras, «que se realizaban sin que las entidades bancarias supervisasen suficientemente los datos que los acusados facilitaban, puesto que en la mayoría de los casos únicamente facilitaban de modo verbal la actividad laboral que tenían, en la mayor parte de los casos venta ambulante o compraventa de chatarra, no se recogían documentación en los expedientes, no llamaba la atención el elevado importe de las imposiciones y reintegros de efectivo sin que, en algunos casos, se documentasen conforme a la práctica bancaria». De esta forma, en la sucursal del Banco Popular en Plasencia lograron introducir una cantidad superior a cinco millones de euros.

La acusación pide responsabilidades a una empleada de Liberbank, ya que el 11 de junio de 2015 recibió una orden del Juzgado de Instrucción número 1 de Plasencia para que bloqueara una cuenta bancaria de los acusados Diego P. S. y María Jesús S. P. y, a pesar de ello, Inmaculada C. M. G., la empleada responsable de ese servicio de la entidad, no cumplimento la orden hasta el 17 de junio de 2015, «cuando, curiosamente, en esa misma fecha, habían traspasado 72.000 euros», indica la acusación.

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