Las maestras acusadas de no actuar ante un acoso declaran que protegieron al alumno

La directora del Colegio Sagrado Corazón, de pie; las otras dos acusadas están sentadas./L. Cordero
La directora del Colegio Sagrado Corazón, de pie; las otras dos acusadas están sentadas. / L. Cordero

Tres docentes del Sagrado Corazón se enfrentan a una pena de cinco años de inhabilitación y 18 meses de prisión

EFE

«No responsable», así se declararon ayer la directora y dos profesoras del Colegio Sagrado Corazón de Jesús de Cáceres, cuando el titular del Juzgado de lo Penal número 1 les preguntó si se consideraban responsables o no de no haber actuado ante el acoso escolar que sufrió uno de sus alumnos.

Los padres del menor acusan a las docentes de no haber hecho nada para evitar que su hijo de doce años en el momento de los hechos que se juzgan fuera víctima de un acoso escolar de naturaleza xenófoba en el centro educativo. Su abogado, Emilio Cortés, solicitó ayer una condena para cada una de ellas de 18 meses de prisión y que no se les permitan ejercer labores de docencia durante cinco años. Es decir, su inhabilitación profesional.

El fiscal, que estuvo presente en la vista oral, no acusa al considerar que no se ha cometido delito.

Los tres abogados defensores pidieron la libre absolución de sus clientes y basaron su postura en que sí actuaron para frenar el acoso escolar cuando tuvieron conocimiento de él y adoptaron medidas preventivas para que no volviera a producirse.

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Los hechos que se juzgan sucedieron en diciembre de 2012 en el colegio. La directora del centro desde el año 2004, M. E. V., declaró ayer que fue el 17 de diciembre de 2012, lunes, cuando ella se enteró de que el 13 de diciembre el menor había sufrido una crisis de ansiedad al tener un altercado con alumnos tres años mayor que él en el patio, durante la media hora del recreo. «Le dimos mucha importancia a lo que le ocurrió y sí tomamos medidas». Explicó que el mismo día del incidente la tutora, F. V. R. (una de las tres acusadas) advirtió a dos alumnos de los que sospechaba que podían estar involucrados que no se acercaran al estudiante que estaba siendo acosado. La tutora avisó a la Jefatura de Estudios.

El 17 de diciembre los padres del niño fueron a pedir explicaciones a la directora y ella señala que se adoptaron medidas, aprobadas con los padres, para proteger al alumno: en la media hora de recreo se pasó de tener cuatro personas vigilando a tener a diez; la tutora le preguntaba al menor al finalizar el recreo si había tenido algún problema; y la psicóloga orientadora M. F. P. M. (la tercera acusada) se entrevistaba una vez a la semana con el menor.

La directora declaró que ella no tenía conocimiento de que el 13 de diciembre el menor fuera agredido, «sí supe que se metieron con él». Tanto las tres acusadas como varias profesoras que declararon, aseguraron que lo ocurrido había sido un hecho puntual, y no un caso de acoso escolar.

Asimismo, un inspector de la Delegación Provincial de Educación declaró ayer, por su parte, que el colegio había activado a su juicio el protocolo «a rajatabla», y que había hecho lo correcto en todo momento. «Es un centro concertado con mucho control con los alumnos», argumentó.

Los padres del menor, sin embargo, acusaron durante el juicio de ayer a las tres educadoras de haber mantenido una actitud pasiva antes los hechos, insistiendo en que no se había expulsado del colegio a los acosadores. «Es que el colegio sólo tomó medidas con mi hijo - insistió la madre - no con los acosadores. Mi hijo era un niño feliz y en el colegio le cambiaron la vida. Allí decía que se quería morir».

El 21 de diciembre empezaron las vacaciones de Navidad. Se reinicaron las clases el 8 de enero, y los padres señalan que su hijo siguió siendo víctima de agresiones, apareciendo con moratones en las piernas y en el vientre. El 29 de enero, finalmente, los padres le cambiaron de colegio tras enterarse de lo que estaba sucediendo por otro de los compañeros de su hijo durante un viaje, y denunciaron los hechos en Comisaria.

El chico contó a la fiscal de menores qué le había pasado, y el 30 de septiembre de 2013 cuatro alumnos fueron condenados por acosarle a realizar «tareas socioeducativas durante un año con un contenido formativo educativo individualizado y orientado a desarrollar la empatía y el respeto a los demás». La Audiencia Provincial confirmó más tarde ese fallo.

Cortés insistió en el hecho de que, según esta sentencia, la dirección del colegio sabía que el niño era víctima de acoso desde octubre de 2012, pero apenas se intervino para frenar los hechos.

Hay que recordar que la Audiencia Provincial anuló en un auto el sobreseimiento inicial de esta causa que había dictado el juzgado de primera instancia e instrucción número 4 de Cáceres en diciembre, por apreciar «indicios mínimamente razonables para que la actuación de los responsables escolares se hubiera orientado acaso de otro modo».

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