Desautorizan al Ayuntamiento de Cáceres a romper el contrato para la gestión del albergue municipal

En un dictamen por unanimidad del órgano consultivo «se informa desfavorablemente» acerca de la intención de romper ese contrato por supuesto incumplimiento del adjudicatario.

Sobre este asunto ya se había venido informando. HOY publicó el 3 de marzo que el Ayuntamiento había constatado «infracciones muy graves» de la empresa, con cortes de luz, deudas de agua, obstrucción a la labor de inspección e impagos superiores a 90.000 euros. Una vez descontadas de esa cifra las aportaciones del propio Consistorio por alojamientos de personas sin hogar a través del IMAS, aún quedarían en el aire 79.947 euros. Todo ello fue avalado por un informe de la Inspección municipal. Se alude a obras mínimas que debía realizar la empresa y que figuran en el pliego y cuya valoración superaba los 42.000 euros. Sin embargo, la Comisión Jurídica, que ya ordenó retrotraer el expediente e incorporar un informe de Intervención, falla contra la postura del Consistorio. Toma en cuenta las alegaciones de la sociedad Hostería Miguel e Hijos SL, que apuntó que la realización o no de las obras es claramente accesoria de la obligación principal de prestar el servicio. En definitiva, que esa infracción no habría supuesto un incumplimiento de la prestación esencial, el alojamiento y manutención de los usuarios de la instalación.

La Comisión Jurídica se fija en otro aspecto. El propio Ayuntamiento asume que tales mejoras o las obras mínimas previstas «no gozan de esa consideración de esenciales». Así, el dictamen detalla que la infracción imputada «en ningún caso puede ser considerada un incumplimiento de una obligación esencial que pudiera conllevar la resolución de contrato». No figura como tal en los pliegos, ni en el contrato, ni en la propia legislación vigente.

La concesión se rubricó en diciembre de 2012. Incluye el servicio de gestión y mantenimiento del albergue municipal de Valhondo y el centro de interpretación de Rincón de Ballesteros.

euros es la cifra que el Ayuntamiento cree que tiene pendiente el adjudicatario. Incluye obras mínimas de mejora y acometida eléctrica.