61.000 euros cuesta el macrojuicio que se inicia el 3 de octubre

Más de 60.000 euros le costará al Estado juzgar en Cáceres a 123 personas, que están acusadas de haber cometido un supuesto delito de blanqueo de capitales.

No hay sitio suficiente en el Palacio de Justicia de Cáceres, ni en la sede del Tribunal Superior de Justicia de Extremadura, para juzgar a tantas personas. Por ese motivo, el Ministerio de Justicia ha tenido que sacar a concurso la realización de obras para convertir en una gran sala de vistas el salón de actos que tiene la Universidad de Extremadura en en el recinto de la Facultad de Empresa, Finanzas y Turismo.

Primero ha adjudicado a José Escribano Rubio, por un importe de 2.688 euros, el realizar el proyecto, dirección de ejecución y coordinación de seguridad y salud de las obras de adecuación del salón de actos. Luego ha adjudicado a la empresa cacereña Javier Expósito S.L., por 59.080 euros, la adaptación propiamente dicha del espacio para la celebración del macrojuicio.

La Audiencia Provincial de Cáceres es la encargada de realizar este gran juicio en el que están acusadas 64 mujeres y 59 hombres que pertenecen a varios clanes familiares. Todos son de etnia gitana, la mayoría del barrio de San Lázaro de Plasencia, aunque también los hay de Cáceres, Madrid, Málaga y Navalmoral de la Mata. Se les acusa de haber blanqueado cerca de 13 millones de euros, dinero que procedía del tráfico de drogas.

Muchos de los acusados abrieron cuentas corrientes a nombres de menores de edad de su familia. Hay un menor que tenía ocho cuentas bancarias a su nombre. Las cuantas tenían una media de 60.000 euros.

El fiscal asegura que los 123 acusados cometieron un delito continuado de blanqueo de capitales y otro delito de integración en grupo criminal. Solicita para dos de los acusados una pena de nueve años y medio de prisión, y para cada uno de los otros 121 acusados ocho años de cárcel.

También pide que el Estado se quede con el dinero bloqueado, y con las viviendas y vehículos de lujo pagados con dinero que se asegura procede de la venta de droga.

Como acción previa a la realización del juicio, la Audiencia Provincial ha convocado a los abogados y procuradores de los 123 acusados, así como al ministerio fiscal, a una reunión informativa sobre este juicio, reunión que tendrá lugar en la Facultad de Empresa, Finanzas y Turismo el próximo 4 de septiembre.

El juicio está previsto que comience el día 3 de octubre y se espera que se prolongue durante más de un mes. Algunos de los abogados que defenderán a los acusados son del turno de oficio. El decano del Colegio de Abogados de Cáceres, Carmelo Cascón, ha asegurado a este diario que se solicitará al Ministerio que aumente el pago que recibirán los letrados del turno de oficio, para que no les perjudique económicamente realizar esta tarea dada la amplitud y complejidad de la causa.

La instrucción de este caso la ha realizado el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 1 de Plasencia. El origen de la investigación está en los servicios centrales de una entidad bancaria, que alertó a la Agencia Tributaria de los movimientos continuos y de grandes cantidades de dinero que se estaban realizando en algunas sucursales de Extremadura. En medio de la investigación el juzgado ordenó bloquear cuentas en las oficinas de ocho bancos y cajas. Hay un acusado, que no tenía ingresos conocidos, pero que sin embargo realizó 40 entregas de dinero a 29 personas a través de una entidad bancaria.

Las investigaciones llevadas a cabo por el Equipo de Delincuencia Organizada y Antidroga de la Guardia Civil de Cáceres comenzaron en junio de 2014, se prolongaron durante varios meses y se llegaron a examinar cerca de 8.000 registros bancarios. Se pudo acreditar que pese a la falta de ingresos conocidos o ser estos muy reducidos, los acusados mantuvieron entre los años 2005 y 2014 un alto nivel de vida, hasta el punto de que habrían manejado en torno a los 12,7 millones de euros.

Muchos de los acusados son familiares, residentes en el barrio placentino de San Lázaro, de etnia gitana, que adoptaban un reparto de tareas en forma piramidal.