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Vista general de la urbanización Ceres Golf, que se empezó a ocupar en 1997
Archivada la querella del Ceres Golf contra los tres últimos alcaldes

Archivada la querella del Ceres Golf contra los tres últimos alcaldes

Tras las declaraciones de Saponi, Heras y Nevado, el juez decide el sobreseimiento 
de la causa y concluye que no hay indicios de prevaricación

Manuel M. Núñez

Lunes, 27 de marzo 2017, 23:34

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Varapalo a la comunidad de propietarios del Ceres Golf. El Juzgado admitió a trámite el pasado mes de noviembre la querella presentada contra los tres últimos alcaldes por un presunto delito de prevaricación. Las 257 familias que residen en esta urbanización que se puso en marcha con la llamada Ley de Oferta Turística en 1997 lo consideraron una primera victoria.

El Ayuntamiento incluso les pidió que renunciasen a la batalla judicial, pero ellos siguieron adelante. Ahora un auto del pasado día 15 del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 3 concluye «que no existen indicios racionales de criminalidad» y acuerda el «sobreseimiento libre» de las actuaciones.

La magistrada también ordena el archivo de la querella contra José María Saponi, Carmen Heras y Elena Nevado, los tres últimos regidores de la ciudad y a los que ha tomado declaración dentro de este procedimiento.

El auto no es firme, ya que cabe impugnación del mismo mediante un recurso de reforma. «Ya se ha presentado esa apelación», indicaron ayer responsables del colectivo vecinal, que admiten el «varapalo» sufrido. Entienden que existe «base suficiente» para analizar esa presunta «prevaricación ambiental y prevaricación continuada» que se atribuye a los querellados y que la jueza desestima.

La comunidad de propietarios optó por querellarse como un último recurso tras una sucesión de sentencias en vía contencioso-administrativa que les resultaron desfavorables. Así se recoge en el texto del reciente auto del Juzgado.

Refrenda, amparado en un informe del Defensor del Pueblo, que Ceres Golf no debe ser recepcionada por la administración. «Estamos ante una urbanización auténticamente privada y de un núcleo urbanizado propio. Al exigir el promotor que la misma no fuere recepcionada , es claro que la conservación de la urbanización y los servicios corre a cargo de la comunidad de propietarios».

Cita el fallo del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de diciembre de 2015 por la que el Ayuntamiento no tiene que recepcionar la obra. También otros fallos del Tribunal Superior de Justicia de Extremadura que lo refrendan, al igual que sobre los vertidos ilegales. No hay delito medioambiental, se apunta, al haber iniciado el mismo Consistorio actuaciones para solucionar el problema.

«No se puede intuir que exista indicio delictivo alguno cuando es el propio querellado el que trata de solventar posibles irregularidades sin tener responsabilidad directa en ello».

Además, también en vía contencioso-administrativa, ya se resaltaba que las dotaciones y los servicios eran asumidos por los propietarios, por lo que no se exigía la aprobación de un proyecto de urbanización «y la posterior cesión de la misma al Ayuntamiento». La jueza entiende que ello «unido a las declaraciones de los querellados justifican un sobreseimiento». «No existen indicios de que por parte de ninguno de los tres querellados en su condición de alcaldes se hayan llevado a cabo actuaciones que puedan ser constitutivas de un delito de prevaricación».

José María Saponi (alcalde entre 1995 y 2007) expuso que la modificación de la clasificación del suelo, de no urbanizable a urbano, se lleva a cabo con informes en comisiones municipales. Lo apuntó también Elena Nevado. La alcaldesa recordó que los vertidos estaban en vías de solución tras instar el Consistorio a ejecutar las obras necesarias. Los tres querellados «de manera coincidente», dice el auto, confirman que la modificación del suelo pasó por Pleno y la construcción se planteó con carácter privado por lo que serían los propietarios los que se encargarían del mantenimiento.

Recurso vecinal

La resolución que archiva la querella ha sido recurrida ya. Los vecinos lamentan que el borrador haya sido redactado por una jueza en prácticas. Su versión es que se otorgaron licencias de obras y primera ocupación sin que la urbanización disponga de los medios necesarios para ello y además el Consistorio permitió vertidos en cauces naturales.

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