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La empresa a la que se rescindió contrato reclama 318.000 euros

Ocho años después de que saliese a concurso el acondicionamiento de la bóveda y exteriores del edificio Embarcadero, el caso sigue abierto para el Ayuntamiento y la empresa constructora en los tribunales. En un decreto del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 2, del pasado 23 de septiembre, se acuerda admitir a trámite la demanda formulada por la UTE Construcciones A. Casado-Promociones e Inversiones Salgado y Asociados, S.L. contra el Consistorio.

El Ayuntamiento se da por enterado, según se trató en la Junta de Gobierno local del pasado 7 de octubre. En la misma se abordó la cuestión de la «indemnización por daños y perjuicios por incumplimiento culpable del contrato», según consta en un procedimiento ordinario que data de 2013. La empresa formuló en septiembre pasado su demanda. Pone de manifiesto que la tramitación del contrato por la vía de urgencia ya fue informada en su día desfavorablemente por la Secretaría General municipal.

También se cuestiona cómo se podía ejecutar una obra cuya duración prevista era de tres meses cuando el anuncio de licitación se publicó en noviembre de 2008 y el plazo expiraba el 31 de diciembre de ese año.

La empresa recuerda que ya en abril de 2010 presentó solicitud de resolución del contrato «por incumplimiento imputable a la entidad local».

La UTE solicitaba la «adecuada liquidación del mismo». Esa solicitud, apunta, nunca fue respondida. En la demanda que se ve ante el Juzgado, Casado-Prinsa pide que se fije en 342.512 euros la cuantía del procedimiento.

Es solo una parte de un contencioso que tiene más variantes y que se saldó con otro fallo del Tribunal Superior de Justicia de Extremadura, en diciembre pasado, en el que se anulaba la resolución del contrato para acondicionar la bóveda del Embarcadero.La empresa ha pedido la ejecución de la sentencia y como consecuencia de la misma la devolución de un total de 318.512 euros, un importe que considera «cobrado indebidamente» por el Ayuntamiento. Hasta el momento, según se recoge en la documentación que se envió al juez el pasado 20 de octubre, el Consistorio se ha desentendido de la devolución de los avales, «que tiene en poder desde el inicio del procedimiento». La documentación presentada ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 1, en este caso, refleja que la Comisión Jurídica de Extremadura dictaminó el pasado julio la caducidad del expediente sobre la resolución de contrato.

La empresa ya se ha dirigido con anterioridad a la Tesorería municipal en los mismos términos para pedir «la devolución del importe de 318.512 euros cobrado indebidamente a Asefa SA respecto a la ejecución del aval presentado». Asefa es una aseguradora especializada en el sector de la construcción.

En una resolución de Alcaldía del pasado 5 de octubre se cita la declaración de caducidad del expediente por parte de la Comisión Jurídica de la Junta de Extremadura. No obstante, se decide a la vez «incoar un nuevo procedimiento en el que se declare la conservación de las actuaciones». El proceso, en vía administrativa y judicial, de esta forma no acaba de encontrar fin.