Hoy

Unas 500 personas expresan en la calle su rechazo a la nueva zona azul

  • La manifestación se organizó como «la respuesta ante los abusos del Ayuntamiento», recoge el manifiesto difundido

Deberán haber transcurrido varios meses del próximo año para que se apliquen los cambios, pero los detractores de la nueva zona azul no van a esperar hasta entonces para hacerse notar. Ayer por la noche desafiaron la amenazante lluvia y se echaron a la calle en una manifestación que reunió a unas 500 personas en contra de una remodelación que multiplica hasta las 2.139 el número de plazas de pago. La actual concesión arrancó con menos de 800. Los convocantes de la protesta se habían organizado a través de las asambleas informativas y mediante mensajes en las redes sociales. En la plataforma Change.org el 'no' a la zona azul y a la subida del billete del autobús (que también aparece) cuenta ya con cerca de 1.800 firmas. «Ni más zona azul, ni subida de bus», se leía en las pancartas de color celeste.

La marcha arrancó poco después de las ocho de la noche en la Cruz de los Caídos. Había personas en el bulevar de Cánovas y a las puertas de la oficina de Liberbank.

Desde la Plaza de América recorrió la Avenida de España en dirección hacia la Plaza Mayor. Por el camino se multiplicaron los gritos contra la decisión del Ayuntamiento de ampliar la zona de pago así como las restricciones de aparcamiento. «Dile que se vayan», «Manos arriba, esto es un atraco» o «No vamos a pagar vuestro despilfarro». Fueron algunos de los gritos que se corearon. Con la llamada zona amarilla, el 'área de restricción' para aparcar suma unas 70 hectáreas. En la llamada zona A2, además, solo tendrán autorización para estacionar los residentes. Hay 152 plazas.

La zona azul, por su parte, se extiende desde el centro hasta algunas barriadas en su inicio como el Perú. La calle Argentina es una de las 42 nuevas calles que se incluirán en el pliego de concesión. Tendrá 69 plazas de pago, más otras cinco que se añaden cuando concluya el horario de carga y descarga. La franja azul se alarga por García Plata (45 plazas), Sanguino Michel (36, más cuatro de carga y descarga), Avenida de Alemania (6), Gómez Becerra (67+3)... y así hasta completar esas casi 60 vías. Cinco de ellas concentran casi 600 plazas. La principal es la Avenida de España, con sus 134 aparcamientos de pago obligado. Allí se inició el recorrido de la manifestación en la que se recordó que la protesta «no es casualidad». El ritmo era lento y se dividió en dos bloques. El primero se abría con dos grandes pancartas. El segundo lo encabezaba otra de la Plataforma en Defensa de lo Público. Una de sus integrantes, Sonia Machuca, quiso dar voz al manifiesto crítico.

«La famosa subida del precio del bus urbano y la decisión de Elena Nevado de triplicar la zona azul no es casual. Es la última fase de un proceso que se inicio con la construcción del nuevo parking», se destaca. «Hemos decidido no arrodillarnos ante estas injusticias y organizar la respuesta ante los abusos del Ayuntamiento», insiste. Parte de la crítica también era para Ciudadanos, por la participación de uno de sus concejales en la venta de plazas del parking. El objetivo es «favorecer intereses privados» y desmantelar los servicios públicos. Hubo referencias al coste del aparcamiento de Primo de Rivera, el olvido de los parados en el Plan de Empleo o esa necesidad que se crea: «Para que nos veamos obligados a meter el coche en el parking». Curiosamente, el megáfono lo portaba Pedro Cordero, activo miembro de colectivos sociales. Fue expulsado del pleno de diciembre de 2015 por protestar contra los recortes del Plan de Empleo.

«Hemos decidido no arrodillarnos ante estas injusticias y organizar la respuesta ante los abusos del Ayuntamiento», se reseñó. En las manifestación había miembros de la Plataforma; el portavoz socialista, Luis Salaya; el parlamentario César Ramos; empresarios del centro; dirigentes sindicales; integrantes de CáceresTú (Ricardo Carrasco, Rosa Mogollón...) y miembros de Coalición por Cáceres, incluido José Luis Gibello. El objetivo es intentar parar los cambios con alegaciones a la ordenanza o incluso por vía administrativa y judicial, como ha propuesto Fernando García Figueroa.