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El Ayuntamiento acude al Fondo de Impulso de Hacienda para afrontar una expropiación

Terrenos del Parque del Príncipe, cuyas expropiaciones están siendo millonarias. :: hoy
Terrenos del Parque del Príncipe, cuyas expropiaciones están siendo millonarias. :: hoy
  • Debe pagar cerca de dos millones de euros de intereses y trata de llegar a un acuerdo con los propietarios

Toca pagar y además hacerlo ya. Un auto de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Extremadura (TSJ), del pasado 5 de octubre, es el último capítulo de la sangría de las expropiaciones municipales. En este caso, sobre una finca cuyo justiprecio se fijó en 3,7 millones de euros al Consistorio le corresponden abonar casi dos millones más de intereses de demora. Son exactamente 1.962.205,89 euros y tras la resolución del TSJ el pago «se deberá hacer sin más dilaciones» una vez notificado el fallo.

Para el equipo de Gobierno se repite una historia ya conocida. Y de nuevo con una cantidad económica desproporcionada en relación a sus presupuestos. Para hacerse una idea. Los intereses que se deben pagar equivalen al doble de la subvención que le corresponde a Cáceres para el Plan de Empleo Social. Multiplica por nueve el presupuesto en el área de Juventud. Viene a ser más de un 50 por ciento superior a la partida total de la Universidad Popular para 2017 (los presupuestos de los organismos autónomos deben aprobarse la semana que viene) o el doble del capítulo de inversiones que figura en el borrador de las cuentas del año que viene.

El Ayuntamiento ya se vio en una situación similar en abril. Por entonces expiraba el plazo para pagar otros 1,9 millones correspondientes a una expropiación en el Parque del Príncipe a la empresa GP Promoción del Suelo.

Los terrenos costaron 6,3 millones y para hacer frente a los intereses la salida fue pedir a Cala Gestión un anticipo de dos millones más con cargo al canon del agua. En esta ocasión el dinero llegará por otra vía, el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas.

El área de Economía ha actuado con previsión, a la vista de que antes o después tocaba asumir esta situación, según sentencia de junio de 2010 del Tribunal Superior de Justicia de Extremadura. El recorrido judicial por la expropiación de la parcela a Sagrario Galán Nogales y los hermanos Pérez Toril, sus propietarios, se salda con la obligación ineludible para las arcas municipales costear esa factura. Las previsiones iniciales, según un informe de la Tesorería del Consistorio que se elaboró en marzo, eran de 1,7 millones. Finalmente, la cifra definitiva aumenta hasta los 1,96 millones. «Dada la cuantía tan elevada de intereses derivados de este procedimiento», y al carecer de crédito en el presupuesto en vigor, admite el servicio de Intervención, la alternativa es acudir al llamado Fondo de Impulso Económico 2017. El Ayuntamiento de Cáceres figura en la relación de entidades que pueden beneficiarse de esta línea de financiación estatal destinada a «vencimientos de principal e intereses (...) y dar cumplimiento de obligaciones derivadas de sentencias judiciales firmes en 2016», destaca el informe de Intervención.

En la aplicación informática que el Ministerio de Hacienda destinó a los ayuntamientos para incluir las estimaciones de sus necesidades financieras ya se incluyó este procedimiento judicial. Cáceres, según se ha conocido ahora, solicitó su adhesión al Fondo de Impulso Económico el 5 de agosto. Una de las ventajas es aplazar a largo plazo (10 años) el pago con intereses más bajos a través de una operación concertada con el Instituto de Crédito Oficial (ICO).

Aunque el gabinete jurídico municipal presenta recurso de reposición contra el auto del TSJ, a su vez el Ayuntamiento comunica al tribunal que para asumir al pago de los intereses ya cuenta con su solicitud al Ministerio de Hacienda con su adhesión al Fondo de Impulso. Una segunda vía es la negociación con los propietarios. La titular de Economía, María Guardiola, adelantó en junio a HOY su voluntad de sentarse hablar con los afectados.

El Ayuntamiento ya ha dado instrucciones al gabinete jurídico para hacer «las gestiones necesarias al objeto de alcanzar un acuerdo entre las partes» en este último caso.

euros es la diferencia entre los 1,73 millones que calculaba el Ayuntamiento como intereses de demora y los 1,96 que tendrá que pagar.