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Juzgan a 5 miembros de una red de tráfico de drogas que operaba en Cáceres

  • La Audiencia Provincial de Cáceres tiene previsto juzgarlos el próximo 9 de noviembre

La Audiencia Provincial de Cáceres tiene previsto juzgar el próximo 9 de noviembre a cinco miembros de una red de tráfico de drogas que operaba en la provincia cacereña, para los que la Fiscalía solicita penas de entre tres y cinco años de prisión.

Las intervenciones telefónicas a una de las acusadas que se dedicaba a la venta de sustancias estupefacientes llevaron a la Policía Judicial hasta su red de proveedores, según el escrito de acusación al que ha tenido acceso Efe.

A finales de agosto de 2013, "ante la alarma de que la acusada vendía drogas en el Casar de Cáceres", la policía estableció un dispositivo de vigilancia en el que pudo comprobar que "recibía en su domicilio a consumidores habituales de estupefacientes".

Además, por las conversaciones intervenidas, se pudo comprobar que intentaba introducir este tipo de sustancias en el centro penitenciario de Cáceres, donde se encontraba su pareja.

Así en una de sus visitas al centro se le interceptaron "dos bellotas de hachís, 20 pastillas de tranquimazin y 49 de tranxilium que voluntariamente sacó de su vagina".

La investigación continuó y esto llevó a tres de sus proveedores que vivían en la zona de Montánchez y Miajadas, quienes "mantenían negocios frecuentemente vinculados al tráfico de estupefacientes", indica el Ministerio Fiscal.

En la entrada y registro acordada por el Juez en sus respectivos domicilios se encontraron "cocaína, bolsas de cierre hermético y una báscula de precisión entre otros".

Pero la trama se extiende mas allá porque estos a su vez contactaban con un proveedor mayor, el quinto acusado en esta causa, quien, además de proveer de sustancias estupefacientes a varios compradores, realizaba "labores para el cobro de los impagos del tráfico de drogas".

En el registro de su domicilio, además de encontrar "marihuana, hachís y cocaína", se hallaron "dos pistolas detonadoras, un arma de guerra ametralladora y un arma larga".

Para este último, la Fiscalía solicita cinco años de prisión y el pago de una multa de 10.479 euros; para los otros tres proveedores, la pena de cuatro años y medio de prisión; y para la única acusada mujer, tres años de cárcel.