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El Ayuntamiento alega que la Plaza Mayor tiene deficiencias y se niega a pagar a los arquitectos

  • La Comisión Liquidadora de Cáceres 2016 estaba de acuerdo en abonar la deuda pero el Consistorio es partidario de reclamarles daños y perjuicios

La obra acabó entre marzo y abril de 2011 y los arquitectos que diseñaron la remodelación de la Plaza Mayor, de la firma Mecsa-Estudio Thuban, aún continúan preguntándose si algún día cobrarán. Si esa pregunta se la trasladan al Ayuntamiento, la respuesta parece claramente negativa. El Consistorio se niega a asumir como propia la deuda de 60.000 euros más IVA que los profesionales reclaman. El asunto está en vía judicial.

Como publicó el Diario HOY el pasado 12 de agosto, el Consorcio Cáceres 2016, a través de su Comisión Liquidadora, ha acabado por asumir la necesidad de pagar esos honorarios por la dirección facultativa de la reforma. El pasado 30 de junio envió un escrito a la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) en el que «reconoce la certeza de todos y cada uno de los hechos en los que se basa la demanda» de la empresa.

El Ayuntamiento no está de acuerdo. De hecho, sostiene que ese allanamiento en las pretensiones de los arquitectos que acordó la Comisión Liquidadora del 2016 no se ajusta a derecho y además «es lesivo para los intereses municipales», según el informe que ha elaborado su Secretaría General.

La versión del Consistorio es que la Comisión Liquidadora no tiene capacidad para decidir si se persona el Consorcio en un proceso judicial o no. Por tanto, la decisión debería tomarla el órgano de dirección. Además de negarse a aceptar la propuesta de pago a los arquitectos, el Gobierno local plantea que la propia alcaldesa, como presidenta del Consorcio Cáceres 2016, convoque al Consejo de Dirección «para que revoque el acuerdo de la Comisión Liquidadora». El objetivo es que Cáceres 2016 «se oponga a la pretensión de la otra parte para el cobro de los honorarios». Añade que de los mismos «se deben deducir, previa valoración pericial, los trabajos contratados y no realizados por la dirección técnica».

El argumento municipal es que con la reforma de la Plaza Mayor no se han cumplido todos los trámites y obligaciones que marca la Ley de Contratos del Sector Público. En este caso, recuerda que en julio de 2011 ya se informó de «deficiencias que impedían la recepción de dichas obras». En abril de 2012 se aludió de nuevo a las mismas, con afecciones a acometidas de electricidad, agua e implicaciones arqueológicas. «A fecha de hoy no han sido subsanadas», concluye. Echa en falta que la dirección técnica se haya pronunciado y se plantea reclamar «daños y perjuicios derivados de la deficiente ejecución» tanto a los arquitectos como a la empresa contratista.