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«La liquidación se debe a un error suyo», responde el Consistorio en su recurso

  • Por ahora Diputación no ha atendido los informes técnicos que recomiendan acudir a la vía ejecutiva para cobrar lo que Cáceres adeuda

El Ayuntamiento lo deja claro en su recurso de reposición. Más allá de que haya o no errores, de que la liquidación sea correcta o no, la misma es resultado de fallos ajenos que no le son imputables, más bien corresponden a la Diputación cacereña. Además, se alude a cálculos que se realizan sobre una base del presupuesto, pero no sobre su ejecución. «No se ha aportado la información de la ejecución presupuestaria del año 2015», resalta el Ayuntamiento.

Añade que la liquidación complementaria «no identifica las inversiones que son imputables al cien por cien al parque de Cáceres, sin informar siquiera de que se trata (...) de una obra plurianual». Incide el Gobierno local en que las dos instituciones ya habían hablado de recoger aportaciones basadas en ejecuciones presupuestarias de años anteriores, no de previsiones. Además, «previamente a la práctica de la notificación de la liquidación complementaria de 810.296,5 euros, una buena praxis habría aconsejado la convocatoria de la comisión paritaria de seguimiento» del convenio, subraya el Ayuntamiento.

El Consistorio es requerido para el pago de acuerdo con la Ley General Tributaria pero sin conocer «los gastos que por error de la Diputación provincial no fueron imputados en los años 2014 y 2015». «El abono de la liquidación extemporánea que practica dicha entidad por un error suyo -resume- no puede solicitarlo por la vía del artículo 62.2 de la Ley 58/2003».

Según dicha normativa, el pago debe hacerse en plazos muy ajustados, de apenas un mes cuando se trata de deudas tributarias.

«La Diputación está ejercitando -dice el Ayuntamiento- unas facultades exorbitantes sin sujetarse a lo estipulado en el convenio». Lo que no ha hecho, por ahora, el equipo de Gobierno provincial de Rosario Cordero es atender algunos informes técnicos que recomiendan acudir a la vía ejecutiva para que Cáceres pague. O incluso retenerle ingresos que le corresponden de la recaudación de impuestos que gestiona el OARGT. «Deben adoptarse las medidas oportunas», llegó a plantear Intervención. Con datos de Diputación de finales de 2015, la deuda de Cáceres por el servicio de bomberos era de 9,7 millones.