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¿Qué ha pasado hoy, 28 de marzo, en Extremadura?
El Parque del Príncipe ha llegado este año a su máxima extensión, alrededor de 30 hectáreas. :: l. cordero
La ampliación del Parque del Príncipe acabará costando más de 30 millones

La ampliación del Parque del Príncipe acabará costando más de 30 millones

Después de 30 años, el pulmón verde de la ciudad queda delimitado en su máxima extensión, pero tras una sangría al ayuntamiento por el pago de expropiaciones

J. J. González

Domingo, 15 de mayo 2016, 08:45

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Ha costado más 30 años conseguir delimitar el espacio completo del pulmón verde más importante de la ciudad. Ha necesitado más de tres décadas ampliar la zona, pero también una verdadera sangría de dinero para las arcas municipales, más de 30 millones de euros, debido a los sucesivos pagos de expropiaciones de terrenos a sus propietarios privados. El último desembolso acaba de ser aprobado por el Ayuntamiento el viernes. Son 1,5 millones, correspondiente a los intereses de demora por una expropiación de 1,9 hectáreas ya pagada en el año 2009 por importe de 6,3 millones. Además hay otros 1,7 millones pendientes también por los intereses de otra expropiación ya pagada en 2014, por importe de 3,7 millones.

LAS EXPROPIACIONES

  • 2001.

  • El Ayuntamiento firma un convenio con la empresa dueña de 4,4 hectáreas de la zona de ampliación. Recibe el terreno y a cambio compensa a la empresa con suelo edificable en el Rodeo, el Perú y zona de la estación de bus.

  • 2009.

  • El Ayuntamiento paga 6,3 millones de euros a la empresa GP Promoción del suelo por 19.000 metros cuadrados, cantidad a la que ahora hay que sumar 1,5 millones de euros en concepto de intereses, pago aprobado el viernes.

  • u2014. Se suman los pagos de otras dos expropiaciones de terrenos, una por valor de 3,7 millones para conseguir 3.000 metros cuadrados, y una más de tres millones para otros 3.000 metros cuadrados, con vivienda incluida. En el primer caso hay pendiente de pagar 1,7 millones por intereses y en el segundo fueron 400.000 euros más por ese concepto, pero están ya pagados con terrenos.

El Parque del Príncipe ha llegado a sus límites máximos. El Ayuntamiento ha tenido que ir haciendo frente a sucesivas ampliaciones con la obtención de diversos terrenos que en su día, desde hace más de 30 años, fueron dibujados como zonas verdes urbanas en los planes de urbanismo. Con la legislación anterior a la Ley del Suelo de Extremadura de 2001 y al Plan de Urbanismo de 2010, el Ayuntamiento no tenía más remedio que hacer frente al pago de expropiaciones para poder adquirir suelos que calificaba como verdes urbanos. No se podía construir en ellos viviendas, pero sus propietarios tenían derecho a conseguir un beneficio similar al que les correspondería si pudieran levantar pisos.

A lo largo de los últimos años, el Consistorio ha conseguido añadir ocho hectáreas a las 22 que tenía el parque, con lo que esta emblemática zona verde ha llegado ya a esa extensión actual y definitiva de algo más de 30 hectáreas.

La zona del Parque del Príncipe está calificada como suelo verde urbano desde el Plan de Urbanismo 1979 e incluso desde el anterior, de 1961, y así se ha mantenido en los siguientes, tanto en el aprobado en 1998 como en el actual Plan General Municipal (PGM), que está en vigor desde 2010. Sin embargo, la sangría para las arcas públicas viene motivada porque antes de este último plan, con los elaborados antes de que existiera la Ley de Suelo de Extremadura, que es del año 2001, la manera que tenía el Ayuntamiento de obtener los suelos que calificaba como verdes urbanos en sus planes de urbanismo era expropiando a los dueños o llegando a acuerdo mediante permutas de terrenos. Después de la Ley del Suelo de Extremadura los municipios cuentan ya con la alternativa legal de adscribir esos suelos urbanos de uso público, como las zonas verdes, a futuras urbanizaciones, es decir que no tiene coste alguno para las arcas municipales. El dueño de un suelo verde ya no puede exigir el pago de una expropiación por la entrega de su propiedad al Ayuntamiento sino que el beneficio lo consigue con los derechos de edificación que se le adjudican en las nuevas urbanizaciones.

Arquitecto

El arquitecto Manuel Herrero formó parte del equipo redactor del actual PGM, una labor adjudicada a la empresa Prointec. Con este nuevo plan, que sustituyó al de 1998, «las zonas verdes de nueva creación se declaran sistemas generales adscritos a los distintos sectores que se van a desarrollar y sus propietarios entran en ellos como una parte más», explica Herrero, quien añade: «La obtención del suelo no tiene coste para el Ayuntamiento con el PGM actual», afirma.

Por su parte, el arquitecto Miguel Madera, que fue director general de Urbanismo de la Junta entre 1995 y 1999, explica que la Ley del Suelo de Extremadura supuso un cambio en cuanto a la obtención de suelo urbano para los municipios, lo que se pudo materializar en el PGM de Cáceres de 2010. Él mismo dirigió los trabajos del Plan de Urbanismo que se aprobó en 1999, en su etapa como jefe el servicio de Urbanismo de la capital cacereña. En todo caso, la calificación de los terrenos de la ampliación del Parque de Príncipe como zonas verdes urbanas se remontan a planes anteriores. Madera explica que a los propietarios hay que compensarlos, en efecto, pero señala que el problema de la sangría para los ayuntamiento viene también por el alto precio que se fija para la expropiaciones en las sentencias judiciales que han obligado a pagar a los municipios. Indica que los ciudadanos quieren áreas libres, pero se pregunta «cómo es posibles se lleguen a valoraciones desorbitadas y exageradas». Madera recuerda que en la redacción de la Ley del Suelo de Extremadura, esta materia fue uno de los caballos de batalla, y afirma que abrió vías para que los ayuntamiento puedan obtener reservas d suelo con facilidad y sin carga económica para las arcas públicas. El problema es que todas las expropiaciones del parque que ha pagado el Consistorio en los últimos años proceden de los planes urbanísticos anteriores al de 2010.

Primera ampliación

La primera ampliación del Parque del Príncipe no requirió desembolso de dinero porque se acordó e una permuta de terrenos entre el Ayuntamiento y el propietario. La operación se remonta al año 2001, cuando el Consistorio aprobó un convenio con los dueños de 4,4 hectáreas del parque, la empresa Promeimsa, y se valoraron los terrenos en casi 2.500 millones de las antiguas pesetas, 15 millones de euros. Para la valoración económica se acudió al arbitraje de un equipo de la Gerencia de Urbanismo de Madrid. A través del convenio, Promeimsa fue compensada con 50.707 metros cuadrados de edificabilidad en terrenos municipales del Rodeo, el Perú y el suelo ubicado frente a la estación de autobuses.

Pero la valoración económica que aceptó entonces el Ayuntamiento por esas 4,4 hectáreas en 2001 le 'ató' para otras expropiaciones forzosas que estaban por llegar. Le sirvió a los jueces para fijar precios altos, incluso diez veces más que las valoraciones del Ayuntamiento, en los siguientes casos: una expropiación de 19.000 metros cuadrados, por los que pagó 6,3 millones de euros en 2009; otra de 3.000 metros cuadrados, por los que pagó 3,7 millones y la última, dos parcelas que suman 3.000 metros cuadrados, con chalé incluido, que han costado 3,4 millones de euros a las arcas municipales. El dueño de esta última propiedad aún está pendiente de abandonar la casa, tras haber cobrado en diciembre de 2014. Es el último y definitivo caso de expropiación que ha puesto fin a la ampliación del parque.

En todo caso, la sangría no ha cesado porque esta misma semana el Ayuntamiento ha tenido que recurrir a Canal de Isabel II para conseguir un anticipo del canon de la contrata del agua, por valor de dos millones de euros, para poder pagar 1,5 millones en concepto de intereses al propietario de los 19.000 metros cuadrados abonados en 2009 a la empresa GP Promoción del Suelo, que había comprado el terreno en 1999 por tan sólo 655.000 euros, cantidad en la que el jurado provincial de expropiaciones fijó el justiprecio en 2002. Los recursos de la empresa acabaron con sentencias de los tribunales a su favor, en las que se certifica que esa primera valoración era muy inferior a los precios del mercado y fijaron el pago en 6,3 millones, también por la referencia a las valoraciones que el Consistorio aceptó para terrenos que están al lado, los expropiados por el convenio de 2001.

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