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Manuel M. Núñez
Jueves, 18 de febrero 2016, 07:28
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Los taxistas cacereños andan a la gresca. El gremio vive en un estado de división interna que ha puesto frente a frente a los profesionales de la capital y a los de municipios de su alrededor. El enfrentamiento tiene mucho que ver con la caída del negocio, «más de un 30 por ciento en los últimos seis años», según cálculos del presidente de la Asociación Provincial de Radio-Taxi, Vicente Mendoza.
Lo que antes era costumbre y se daba por bueno se ha convertido en motivo de desavenencia. Los taxistas de los pueblos se quejan de que los de Cáceres les hacen la vida imposible, no les dejan trabajar en la capital. «No queremos quitarle clientes a nadie. Solo queremos que nos permitan trabajar con los nuestros, con la gente del pueblo que confía en nosotros y nos solicita un servicio», explica Juan Trimiño, taxista de Malpartida de Cáceres y que suele traer y recoger a los vecinos del municipio en la capital.
Con la actual normativa en la mano, según sus colegas de la ciudad, eso no se podría hacer. Trimiño y otros 21 conductores profesionales de distintos pueblos han formado una asociación para defender sus intereses: «El problema es que hay poco trabajo y nos discriminan. ¿Por qué un taxista de Cáceres puede dar servicio en Malpartida en la fiesta de la patatera y nosotros no podemos cubrir el Womad o la Feria?», se pregunta.
El caso empieza a complicarse. Los protagonistas coinciden en el mismo colectivo, la asociación provincial. Pero cada cual defiende su parte del pastel. Y ese pastel, con la crisis, ha quedado reducido.
Los taxistas cacereños han presentado varias denuncias: ante la Policía Local, la Dirección General de Transportes de la Junta de Extremadura e incluso la Guardia Civil. Aseguran tener documentados al menos 23 vehículos. Según se lee en la denuncia, todos ellos «vienen realizando de forma habitual y permanente servicios de autotaxi de transporte de viajeros tanto interurbanos como urbanos contrarios a la normativa vigente» en Cáceres y fuera. Carecen «de licencia o autorización» del Ayuntamiento u otras administraciones. El Consistorio cacereño también está analizando el conflicto planteado.
La denuncia de los taxistas de la ciudad la firma el presidente del colectivo a nivel provincial, Vicente Mendoza. Señala casos concretos de «taxis rurales» que actúan en la capital y menciona ejemplos de Sierra de Fuentes, Torreorgaz, Aliseda o Montánchez.
Discriminados
«Nos enfrentamos a dos problemas, por un lado nos hacen una competencia desleal y por otro también hay un claro pirateo. Personas que vienen de fuera y no tienen ni siquiera licencia para transportar viajeros», subraya Mendoza. Aldea del Cano, Casar de Cáceres, Valdefuentes, Caminomorisco... Apuntan que el Reglamento Nacional del Taxi, la ordenanza municipal o la normativa nacional y autonómica prohíben exceder el ámbito territorial autorizado en materia de transportes.
La ordenanza municipal califica como infracción grave recoger viajeros «fuera del término municipal de Cáceres». La sanción acarrea suspensión temporal del permiso. Esa situación también se está produciendo, denuncian los taxistas rurales. Si a ellos les acusan de traer a los vecinos al médico o a los jóvenes a la Madrila para ir de marcha y recogerlos después, los taxistas de los pueblos consultados por este diario afirman tener fotografías incluso de sus colegas de Cáceres trayendo y llevando viajeros a otros municipios. Opinan que se había hecho así, por parte de todos, con absoluta normalidad. Ahora, con la crisis, los profesionales de la ciudad quieren poner cerco a la progresiva pérdida de clientes.
«Pedimos flexibilidad. Nos sentimos discriminados en los pueblos. ¿Qué hay de malo en que un padre nos encargue llevar a su hijo a Cáceres y recogerle luego cuando vuelva de fiesta?», sugiere Juan Trimiño. «Estamos sufriendo competencia desleal», responde Vicente Mendoza. Exige que se cumpla la legislación.
Las dos partes sí están de acuerdo en una cosa: la caída del negocio ha sido tan brusca que ha removido los cimientos del sector.
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