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Presentación oficial del proyecto en octubre de 2014. :: hoy
La Junta de Extremadura pagó por anticipado el terreno del aeródromo

La Junta de Extremadura pagó por anticipado el terreno del aeródromo

La operación, de 444.334 euros, se formalizó el 22 de diciembre de 2014, justo un año antes de publicarse en el DOE el «desistimiento» del proyecto

Manuel M. Núñez

Lunes, 11 de enero 2016, 07:34

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El pasado 5 de noviembre el secretario general de la Consejería de Medio Ambiente firmó una resolución por la que se renunciaba a la contratación de la obra del aeródromo de Cáceres en los términos previstos. El concurso público convocado (3,4 millones, sin IVA), y al que llegaron a presentarse 34 ofertas, fue anulado junto a otros dos que ya estaban en marcha: el de la dirección de obra (126.420 euros) y el del control de calidad (53.894 euros).

LAS CIFRAS

  • operaciones al año permitiría el aeródromo, que iba sobre una finca de 267 hectáreas y de la que se utilizarían 70, según se anunció en la presentación del proyecto.

El 21 de diciembre se dio oficialidad a ese «desistimiento» en el Diario Oficial de Extremadura (DOE). Sin embargo, un año antes la propia Junta de Extremadura ya había pasado por caja. Los terrenos en los que estaba previsto levantar esa infraestructura se pagaron por anticipado a su propietario. En total, 444.334 euros.

El aeródromo está más lejos que nunca de la capital cacereña. La renuncia, al menos temporal del Gobierno regional, tiene que ver con el retraso en los trámites medioambientales del proyecto.

No se podía contratar la obra sin contar con la preceptiva autorización del Ministerio de Medio Ambiente, que el pasado mes de junio consideraba «previsible» que el aeródromo provocase «impactos adversos significativos». Entendía que es necesario que el promotor (la Junta) elabore un estudio de impacto ambiental -debe contratarse aún- y posteriormente superar una Declaración de Impacto Ambiental (DIA). Ese proceso puede alargarse varios años.

«Es imposible que (las obras) estén empezadas hoy por el desastre organizativo que nos encontramos al llegar. ¿Sabe cuánto tarda una evaluación de impacto ambiental ordinaria? Entre dos y tres años. Pregunte si no a los técnicos». Fue la contundente respuesta que dio el Consejero de Economía e Infraestructuras, José Luis Navarro, a su antecesor en el cargo, Víctor del Moral. Su versión es la que ha venido repitiendo la Junta desde la llegada del PSOE al poder: se dejó en contratación el proyecto, pero la obra no podía arrancar al no tenerse en cuenta el impacto ambiental. Hubo «vicio formal en el procedimiento de licitación», sostiene la Consejería de Medio Ambiente en su resolución de noviembre. El 21 de diciembre llegó al DOE. Justo un año antes, la anterior administración del PP ya había abonado el coste de los terrenos sobre los que se pensaba que en cuestión de meses habría aeronaves aterrizando y despegando. El 22 de diciembre de 2014 «la compra se formalizó».

La Junta quería agilizar entonces los trámites dispuesta a acometer la actuación en dos anualidades: 1,7 millones en 2015 y 2,5 millones en 2016. Así lo anunciaba en enero de 2015 para aludir a la dotación aeroportuaria ubicada al oeste de la capital, en concreto a la salida de la misma por la carretera de Malpartida «en unos terrenos que eran propiedad de la Fundación Valhondo».

La duda a estas alturas, con el proyecto en vía muerta y sin atisbo de que haya soluciones a corto o medio plazo para el mismo, era si ese dinero llegó a salir de las arcas públicas para ir a parar a la cuenta corriente del dueño de la finca. La respuesta es que sí. La Junta adelantó el abono para fortuna de la Fundación Valhondo, una entidad con fines benéficos creada en 1956 y cuya gestión ha sido cuestionada en una auditoría. Fue encargada por su presidenta, la subdelegada del Gobierno, Jerónima Sayagués, a su llegada al cargo en 2012. El informe revela «dejadez» y falta de control en la gestión y alude a conflictos «muy desfavorables y con riesgo de pérdida de patrimonio».

No es el caso, desde luego, de la operación de venta de la finca de Los Arenales y sobre la que el área municipal de Urbanismo no encontró impedimentos para ubicar el aeródromo en septiembre de 2011 a consultas de la propia fundación. El proyecto se presentó en presencia del anterior presidente de la Junta, la alcaldesa y el consejero de Fomento en octubre de 2014. La inversión se elevaba a 4,4 millones en dos años. Sobre los terrenos se anunció que la instalación iría en una finca de 267 hectáreas de los que se utilizarían 70. Víctor del Moral indicó entonces que la operación de compra no estaba cerrada. No hubo cifras sobre la misma, pero un área rústica, con pasto arbustivo y pequeñas superficies acuíferas, debía tener escaso valor, en opinión de los profesionales del sector inmobilario consultados por HOY. Lejos d e eso, apenas dos meses después, la compra se cerro en esos más de 444.000 euros. «Sí se pagó dicho terreno», se limitan a confirmar ahora desde la nueva administración. No se entra en detalles sobre posibles cláusulas que eximiesen a la Junta del pago si el proyecto no prosperaba, como a la postre ha sucedido.

Cáceres se queda de momento sin aeródromo, la Fundación Valhondo cobra su dinero y el Gobierno regional tiene una finca a la salida de Cáceres. Eso sí, no sabe para qué.

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