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Sergio Lorenzo
Martes, 4 de agosto 2015, 00:28
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«La Diputación me tenía que haber incorporado a mi puesto de trabajo, al haberse anulado la oposición; pero no ha querido. Llevo cuatro años sin trabajar, desde que me cesaron injustamente», comenta al Diario HOY María Jesús Santurino.
Ella estuvo 10 años trabajando como auxiliar para la Diputación de Cáceres, en calidad de interina. En el año 2010 tuvo lugar un oposición para ocupar en la institución provincial tres plazas de auxiliares de administración general a la que ella se presentó. Después de realizar dos pruebas de selección, en junio de 2011 la Diputación nombró a los tres ganadores, y cesó a María Jesús Santurino y dos compañeros.
Ella recurrió la oposición en los tribunales, y en marzo del 2014 la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de Extremadura le dio parcialmente la razón. Indicó que tenía que repetirse la segunda prueba que estaba basada en el manejo del procesador Word 2000. Se anuló porque los criterios de corrección no se hicieron públicos antes de la realización del examen.
Al anular el resultado de la oposición, María Jesús Santurino pidió a la Diputación que le readmitiera en su puesto de trabajo; pero la institución no le respondió. Ella señala que al reunirse recientemente con la nueva presidenta, ésta y la directora de Recursos Humanos le han indicado que en este mes de agosto se repetirá la segunda prueba, con lo que la Diputación tendrá que avisar a las doscientas personas que hicieron se presentaron.
Ayer Santurino presentó un escrito a la presidenta de la Diputación, en la que señalaba que hacer la prueba en agosto, con tan poco tiempo y con riesgo a que no se enteren todos los opositores, «suena a clandestinidad, a ocultismo», exige nuevamente que le restituyan en su puesto de trabajo y recusa al tribunal, que alega que actuó con favoritismo y de mala fe. Señala en el escrito, que la actuación de la Diputación es merecedora de presuntas responsabilidades penales, indicando que de no hacerle caso, «podría interponer denuncia penal por presunta prevaricación y desobediencia». Lo que sí es casi seguro es que pedirá una indemnización por no incorporarle al trabajo.
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