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Pleno de la Diputación
Diputación plantea cambiar el modelo de concursos que premia las ofertas a la baja

Diputación plantea cambiar el modelo de concursos que premia las ofertas a la baja

«Lo que ha pasado con las obras ha sido lamentable», admite la presidenta, Rosario Cordero

MANUEL M. NÚÑEZ

Viernes, 31 de julio 2015, 13:46

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El nuevo mandato en la Diputación cacereña avanza por la vía de la unanimidad. En las votaciones, al menos. Todos los puntos incluidos en el orden del día del primer pleno ordinario de esta etapa salieron adelante con la conformidad de los tres grupos con representación. Alfredo Aguilera, portavoz del PP, lo definió como «un pleno de transición», seguramente por la ausencia de cuestiones de alto calado o relevancia política. Habrá que esperar al regreso de las vacaciones para encontrar las primeras líneas de fricción. Algunas ya se atisban, pero en sala de prensa. «Charo (Cordero) se está dejando la piel para solucionar algunos desmanes que dejó el PP». Lo dijo ayer el portavoz del Gobierno, Fernando García Nicolás. Pero habló ante los periodistas, para responder a los populares. En el salón de plenos, ni una voz más alta que otra. Lo más parecido a una balsa de aceite. Por ahora.

Uno de los planteamientos que se fija el equipo de Gobierno, respecto a las contrataciones, tiene punto de origen en la oposición. El objetivo es redefinir el modelo, cambiarlo para dejar de primar por encima de cualquier otro criterio a aquellas empresas que presentan ofertas a la baja, en algunos casos de forma desproporcionada. «Pedimos que se tomen medidas dentro de la legalidad. Al final se resiente la calidad y genera problemas», sugirió Alfredo Aguilera. La Diputación ha venido adjudicando proyectos entre el 30 y el 40 por ciento por debajo del precio base de licitación, según la presidenta de la institución.

La dura competencia entre las empresas ha hecho que acudan a los concursos convocados casi a la desesperada. Rosario Cordero reconoce estar dispuesta a cambiar ese sistema. No solo porque afecte a la ejecución sino porque da la impresión de que la administración se aprovecha de la crisis que ha sufrido la construcción. «Lo que ha pasado con las obras ha sido lamentable», opina Cordero. Desde la Federación de Empresarios de la Construcción (Fecons) también se había denunciado hace meses este problema. Incluso hay instituciones que han presentado ese ahorro por las ofertas a la baja como un ejemplo de buena gestión. «Para las empresas es un desastre y el ahorro es solo sobre el papel», detallaba Joaquín Sánchez, su secretario general. Carlos Izquierdo, presidente, llevó el asunto ante la Asamblea de Extremadura. La idea es que se valoren criterios de calidad en la ejecución y cuestiones técnicas, no solo el precio de la oferta. Alfredo Aguilera matiza: «Lo que hizo el anterior gobierno es cumplir lo que marca la ley. Nada más. Introducir cambios es positivo, pero no se puede insinuar que el PP adjudicaba obras de cualquier manera. Las ofertas a la baja las premian todas las administraciones».

En la sesión plenaria de ayer se aprobó la oficina de registro virtual (ORVE). Facilitará las gestiones administrativas a los vecinos en los municipios. Llega a través de un acuerdo de colaboración entre la Consejería de Hacienda y Diputación. El ciudadano podrá realizar trámites en su Ayuntamiento sin desplazarse a otra ciudad. «Será posible escanear cualquier documento y tratarlo de forma informática. Supone una reducción de costes», resalta García Nicolás. El portavoz del equipo de Gobierno adelanta que la ejecución será inmediata, en cuanto se firme el convenio.

Otro acuerdo de colaboración, con la FEMP y la administración estatal, mejorará la transparencia en las entidades locales y en la Corporación provincial, que se encuentra, según la diputada de Tecnologías de Información, Ana Garrido, «a la cola del ranking de transparencia nacional». El objetivo es corregir esa situación. El pleno sirvió para confirmar la apuesta por recuperar el puente sobre el río Sever. «Es necesario, un punto de desarrollo para la Raya», refrenda la presidenta, Rosario Cordero. El coste no está cuantificado.

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