Los industriales de Charca Musia, remisos a asumir el coste de urbanización del polígono

Ante la paralización del proyecto de ordenación, el Ayuntamiento ha optado por conceder licencias provisionales para la instalación de nuevas industrias o para reforma de las naves existentes, pero todo con ese carácter provisional, a la espera de que se pueda acometer la definitiva ordenación urbanística.

A este respecto, el presidente de la asociación de vecinos de la Charca Musia, Juan Borrego, afirma que debe conocer más detalladamente lo que ha aprobado el Ayuntamiento, pero, en todo caso, confiesa su cansancio por el paso del tiempo sin que se llegue a la definitiva solución del problema. «Estoy totalmente aburrido dl tema», afirma y sentencia: «esto sigue en un callejón sin salida». El representante de los residentes recuerda que han pasado ya varios alcaldes sin llegar a una solución, aunque se abrieron las expectativas con la aprobación del nuevo PGM en 2010 y con la elaboración de un proyecto urbanístico que estaba previsto llevarlo a cabo a partir de 2011. Sin embargo, según indica Borrego, el problema surge porque parte del colectivo de industriales manifestaron su negativa a asumir los costes e incluso lo plasmaron con recogida de firmas: «se paró todo porque había señores que no querían pagar y no podíamos empezar a hacer obras sin tener el dinero», afirma y añade que a pesar del coste, la legalización y ordenación «sería más positivo» para todos, incluso para revalorizar las propiedades.

Coste

Sobre la aportación, el empresario Juan Manuel Díaz matiza que él no se niega a pagar, pero considera excesiva la cantidad fijada en el proyecto como repercusión en cada propietario. Su negocio tiene varias naves, en total, unos 3.000 metros cuadrados, con lo que tendría que aportar unos 90.000 euros. «Es una locura que pidan eso», afirma y subraya que la administración también ha cobrado de las empresas, porque pagan sus impuestos. Sobre los proyectos e iniciativas municipales, opina que no valen «para nada porque al final hacen los que les sale de las narices». Se muestran muy crítico con pasadas inversiones municipales que califica de inútiles, como el proyecto de reforma de la propia charca: «se gastaron un dineral para nada».

Luis Casillas, secretario de la asociación vecinal, matiza que no cabe hablar de polígono ilegal: «este polígono es completamente legal y el Ayuntamiento está obligado a hacerse cargo de la ordenación», afirma. Por su parte, José Antonio Guerrero, de Ceres Automoción, recuerda que la solución lleva mucho tiempo pendiente: «llevamos mucho tiempo detrás y parece que está parada la cosa». Acepta que los propietarios tengan que pagar, «pero si está dentro de nuestras posibilidades y ahora está la cosa como está».

Francisco José Román, de Talleres Miraflores, tiene su negocio en una nave alquilada y comprende que todo sería «mejor si estuviera legalizado y más si me planteo comprar algún día».

Santiago Rocha, del bar-churrería del polígono, comprende las peticiones de los industriales: «esto lleva mucho tiempo que si sí, que si no, y deberían ordenarlo y dar las licencias que muchos tienen pendientes».