El año pasado hubo una condena de cárcel tras otra inspección

La inspección llevada a cabo estos días por la Guardia Civil y los inspectores de trabajo no es la primera que se realiza en Badajoz. En el año 2015 ya se desarrolló una operación similar en un olivar en el que trabajaban 62 personas que, según se dijo en un inicio, no habían sido dadas de alta. Todos ellos eran extranjeros salvo uno. Ese caso fue instruido en los juzgados de Badajoz y terminó en un juicio que no llegó a celebrarse porque el abogado de la defensa y el Ministerio Fiscal pactaron una sentencia de conformidad que fijó la pena definitiva en nueve meses de cárcel. El abogado que defendía al empresario investigado logró demostrar que una parte de los trabajadores sí se encontraban en situación legal, pero la sentencia consideraba probado que el delito había existido, por lo que le fueron impuestos nueve meses de prisión y la obligación de pagar una multa que fue fijada en 3.240 euros.