Ocupan ilegalmente una vivienda de la Junta junto a las Casas Coloradas de Badajoz

La vivienda ocupada ilegalmente junto a las Casas Coloradas./HOY
La vivienda ocupada ilegalmente junto a las Casas Coloradas. / HOY

Los inquilinos legales del monumento denuncian que el mantenimiento es deficiente y que hay residentes que no pagan el alquiler

Natalia Reigadas
NATALIA REIGADASBadajoz

Las Casas Coloradas son uno de los símbolos más reconocibles de Badajoz. El blanco, rojo y gris de su fachada, que representan al Arzobispado de Badajoz, ya que financió su construcción, se recuperaron hace 12 años para convertir el edificio en 22 viviendas. Estos años, sin embargo, han estado llenos de conflictos entre los inquilinos y la Junta de Extremadura, propietaria del inmueble. Ahora hay nuevos problemas como el impago de algunos vecinos o la ocupación ilegal de una casa anexa al monumento.

Los okupas llegaron hace más de un mes. Además de las Casas Coloradas, la Junta es propietaria de una vivienda anexa, pero independiente. Se encuentra justo al pasar el Arco del Toril, en el acceso a la calle El Brocense. Ha sido reparada para ser una vivienda de promoción pública y estaba pendiente de ser adjudicada.

Los ocupantes han enganchado la luz ilegalmente y sacan el agua de una arqueta cercana. Cada vez que realizan la operación, el agua se extiende por la calle El Brocense. Además de esta, los vecinos se quejan de la presencia de los okupas porque consideran que degrada una zona que ya cuenta con graves problemas de marginalidad.

La Consejería de Sanidad y Políticas Sociales explica que los trabajadores sociales se pusieron en contacto con la familia que ha ocupado ilegalmente el inmueble para intentar recuperarlo. Ante su negativa, la administración ha presentado una denuncia por usurpación y deben esperar a que el juzgado les facilite una orden de lanzamiento para desahuciar a los actuales inquilinos.

Para los vecinos de las Casas Coloradas esta solo es una muestra más de los problemas a los que se enfrenta este edificio emblemático que consideran que la administración ha abandonado en los últimos años y que nunca ha gestionado de forma efectiva.

Los residentes más veteranos han elaborado un escrito en el que detallan los problemas que han asumido en los 12 años de historia de estas viviendas. Denuncian que el mantenimiento siempre ha sido deficiente y explican que cada vez que reportaban una avería, la Junta tardaba semanas y meses en responder, si es que lo hacía. Por ejemplo, han tenido constantes problemas de humedades y con las ventanas, por las que entra el viento.

La Junta ha intentado que los okupas se marchen pero se han negado, por lo que han denunciado para poder desahuciarles

En 2012 hubo un cambio de gestión. La Junta recuperó el control de las rentas de estas viviendas, que hasta entonces estaban en manos de la Sociedad Estatal de Alquiler. Poco después acordó rebajar los precios para volver a ocupar los pisos que habían quedado vacíos y a cambio que los residentes se conformasen en una comunidad de vecinos que costease parte del mantenimiento como en cualquier edificio.

El sistema, sin embargo, ha fracasado porque hay algunos inquilinos que no solo no pagan la comunidad sino que tampoco asumen el alquiler. Cada vez que tienen que asumir una derrama, los inquilinos se ven obligados a denunciar para que la Junta, como propietaria, pague la parte de los que no asumen los gastos de comunidad. Además siguen sin reparar, aseguran, las deficiencias del edificio.

Visitas a las casas afectadas

La Consejería de Políticas Sociales responde que conoce esta situación desde el pasado mes de junio, cuando el administrador de la comunidad les informó de los impagos. «La Secretaría General de Vivienda está realizando un estudio de los adjudicatarios de dichas viviendas para poner en su conocimiento la obligatoriedad del pago del alquiler y serán los trabajadores sociales los que realizarán visitas a los domicilios para ver la situación en que se encuentran dichas viviendas», asegura la administración.

Los afectados responsabilizan de esta situación al proceso de adjudicación de los pisos. Recuerdan que la Junta se comprometió a reservar estas viviendas para menores de 35 años que fuesen solventes y con proyección de futuro en el barrio. Aseguran que los nuevos adjudicatarios son más mayores y con problemas de impagos. La Junta, sin embargo, asegura que no ha cambiado el sistema. «Se adjudican a solicitantes que no pudiendo hacer frente a un alquiler privado, cuentan con un nivel de ingresos y una situación familiar que les permiten hacer frente al pago de una renta, por lo que no pueden ser solicitantes de Viviendas de Promoción Pública (VPP)», defiende la administración.

Por últimos los inquilinos insisten en que las casas necesitan una reforma en profundidad. La Junta ha destinado 150.000 euros a este edificio, pero solo 23.000 de ellos son para el interior. El resto es para repintar la fachada, lo que se hará a mediados de año. Las obras interiores ya se han acometido, pero los vecinos las tachan de chapuza.

En 12 años

2006, inauguración:
Las Casas Coloradas se convierten en 22 viviendas y llegan los primeros inquilinos tras dos décadas desocupadas. Son de la Junta pero las gestiona la Sociedad Pública de Alquiler. La cuota de alquiler inicial es de 400 euros en las viviendas medias. El objetivo es adjudicar estos pisos a menores de 35 años con solvencia.
2007, primeras quejas:
Las primeras quejas no tardaron en llegar. Algunas viviendas presentaban defectos desde el principio, por ejemplo paredes sin pintar, y además había basura en los solares cercanos y malos olores. Se acordó una rebaja de los alquileres.
2011, éxodo masivo:
Nuevas quejas de los vecinos por falta de limpieza y mantenimiento. Los residentes denunciaban humedades y otros desperfectos y aseguraban que, cada vez que reportaban una avería, se tardaba meses en arreglar. Se produce un éxodo masivo de inquilinos y muchos pisos se quedan vacíos.
2012, gestiona la Junta:
La gestión deja de ser de la Sociedad Estatal de Alquiler y vuelve a la Junta de Extremadura. La administración arregla los pisos que se han quedado vacíos, aunque no los que están aún ocupados, según los afectados.
2017, nuevo conflicto:
Los inquilinos más veteranos aseguran que la comunidad de propietarios no soluciona el problema porque algunos de los nuevos vecinos no pagan las cuotas. Además vuelve a haber quejas porque no se reparan los desperfectos. La Junta destina una partida de 150.000 euros a reparar este edificio, pero la mayoría va destinado a las fachadas que se repintarán en 2018. Las obras interiores de este presupuesto (23.000 euros) son consideradas deficientes por los vecinos
2018, okupas:
A finales de 2017 se instalan en una vivienda anexa a las Casas Coloradas unos okupas. Se trata de una familia con pocos recursos que ha aprovechado que se había arreglado la casa. Las quejas de los inquilinos se repiten una vez más y señalan que es una muestra más del abandono de este edificio emblemático.

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