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La Iglesia responde: cumplirá con la Ley de Memoria Histórica en Badajoz

La Iglesia responde: cumplirá con la Ley de Memoria Histórica en Badajoz

Gallardo quiere borrar también las huellas de Franco de las iglesias de la provincia, aunque no se sabe cuántas hay

Rocío Romero

Badajoz

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Domingo, 10 de diciembre 2017, 00:21

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«Cumpliremos con la Ley». Es la escueta respuesta que da el Arzobispado de Mérida-Badajoz al anuncio del presidente de la Diputación, Miguel Ángel Gallardo, de que les pedirá que borren los vestigios franquistas que queden en sus edificios en la provincia.

El presidente no indica qué iglesias quedan con restos de la dictadura, aunque esos datos deben estar incluidos en la radiografía que ha elaborado el comité de expertos impulsado por la institución provincial en el último año para obligar a los pueblos a eliminar cualquier pista que recuerde a Francisco Franco. De hecho, Gallardo se ha referido a la Iglesia porque han descubierto restos que no dependen de los alcaldes debido a que no se encuentran en la vía pública. Por este motivo, se espera que existan varias iglesias con restos de la sublevación, la guerra y la dictadura.

Esta es la segunda etapa del plan de Gallardo para acabar con todos los vestigios en la provincia. El presidente obliga a los pueblos a retirar los recuerdos a través de las subvenciones desde este año. Si los municipios quieren seguir cobrando de la Diputación, y no devolver lo recibido este año, deben quitar los restos del régimen. La iniciativa de Gallardo ha causado cierta polémica, aunque no es nueva. De hecho, aparece recogida en el artículo 15 de la Ley nacional de Memoria Histórica, donde sí se hace una excepción «cuando las menciones sean de estricto recuerdo privado, sin exaltación de los enfrentados, o cuando concurran razones artísticas, arquitectónicas o artístico-religiosas protegidas por la ley».

Ante el envite del presidente, el Arzobispado de Mérida-Badajoz solo dice que «como se ha venido haciendo, se cumplirá con la Ley». Pero este no es el único obispado implicado. En la provincia hay cuatro diócesis. Al Obispado de Plasencia le corresponde Don Benito y su entorno, la zona de Zarza-Capilla depende del de Coria-Cáceres y el Arzobispado de Toledo alcanza la Siberia alta. Así que, de abrir conversaciones, Gallardo tendrá que hacerlo con representantes de las cuatro diócesis.

En toda la provincia solo se sabe, de momento, de un vestigio relacionado con la iglesia. La Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica (Armhex) se ha referido en varias ocasiones al caso de Hornachos. En esta localidad existe un monolito-placa en forma de cruz que contiene la leyenda: «Caídos por Dios y por la patria, ¡Presentes!». Se trata de una cruz falangista situada en la Plaza de la Virgen de los Remedios, que en el registro aparece como propiedad de la Iglesia. A pesar de las reiteradas peticiones, la cruz y la inscripción se mantienen.

Desde la Hermandad de Nuestra Señora de los Remedios aseguran que no tienen que quitarla porque, al ser de la iglesia, el recinto en el que está la cruz es privado. Yson ellos, dice el mayordomo, Antonio Cáceres, quienes corren con el mantenimiento del entorno. Reivindica, además, que en el pueblo existe «otro monolito dedicado a los asesinados por los franquistas. ¿Yde eso qué dice el presidente de la Diputación?¿De eso no se da cuenta?», se pregunta.

Pueblos

Este nuevo requerimiento de Gallardo a la Iglesia es un paso más en el plan para eliminar todos los restos franquistas. De hecho, ha abierto el camino para otras instituciones. La Diputación de Cáceres, también en manos del PSOE, ha decidido poner en marcha la misma medida en sus presupuestos del próximo año.

La Junta de Extremadura, por su parte, espera registrar en la Asamblea el anteproyecto de Ley de la Memoria Histórica yDemocrática de Extremadura a principios de 2018. Esta se encuentra actualmente en el Consejo de Estado y también recoge la idea de la Iglesia. El texto establece: «cuando los elementos contrarios a la memoria histórica democrática estén ubicados en edificios de carácter privado o religioso, pero con proyección a un espacio o uso público, las personas o instituciones titulares o propietarias de los mismos deberán retirarlos o eliminarlos, de la forma establecida en el presente artículo». Recoge también la posibilidad de que la Junta actúe de forma subsidiaria.

De hecho, el director general de Patrimonio de la Junta, Francisco Pérez-Urban, dijo hace dos años que retiraría las subvenciones a la Iglesia para el arreglo de sus edificios si en estos quedan restos que puedan herir sensibilidades. Lo hizo a raíz del caso de Navaconcejo, en la provincia de Cáceres. El Gobierno de Monago subvencionó con 15.000 euros la restauración del retablo de la ermita del Cristo, pese a que el escudo de la Falange (el yugo y las flechas) aparece en la puerta del templo.

Entonces, la Junta comunicó a la Iglesia que no daría más subvenciones a iglesias con vestigios del régimen. Lo hizo en la comisión donde tratan temas de inversión en recuperación del patrimonio histórico.

Desde la Junta indican ahora que no se han conocido más casos de iglesias que se hayan rehabilitado, o donde esté previstos hacerlo, con huellas de la dictadura.

De todas formas, algunas localidades ya han actuado. En Piornal, también en la provincia de Cáceres, el Ayuntamiento retiró una placa en la torre de la Iglesia tras un acuerdo de Pleno. También en la provincia de Badajoz. Los más conocidos están en Mérida. En la concatedral de Santa María ha desaparecido una inscripción de José Antonio Primo de Rivera. El Ayuntamiento y el Consorcio de la Ciudad Monumental la borraron tras acordarlo con el arzobispado el año pasado.

En aquella ocasión, IU llevó la iniciativa a Pleno, donde se aprobó con el apoyo de PSOE y PP. El Consorcio de la Ciudad Monumental puso el apoyo económico y técnico, así como su asesoramiento. Costó 3.000 euros. El Arzobispado colaboró para que la obra se hiciera en el menor tiempo posible. Hace años, también en Mérida, se impidió ver otro recuerdo franquista en la fachada de la basílica de Santa Eulalia. Entonces simplemente se colocó un cartel de chapa encima.

Desde la Junta no quieren apuntar a ninguna iglesia con restos franquistas en la provincia de Badajoz y señalan que hay que esperar a que, una vez aprobada la Ley,se tenga que elaborar un catálogo de vestigios.Aunque la Diputación sí lo ha hecho y, de momento, no está dispuesta a hacer público su contenido. Quiere esperar a comunicar primero la existencia de esos restos a los alcaldes de los municipios.

Por lo general, la Iglesia se ha mostrado dispuesta a eliminar los restos franquistas desde que entró en vigor la Ley nacional de la Memoria Histórica.Hay un caso llamativo, como el del obispo de Segovia, César Augusto Franco. Hace dos años pidió ayuda al abogado Eduardo Ranz, especializado en memoria histórica, para elaborar un mapa de vestigios franquistas presentes en los recintos y edificios de las iglesias de su diócesis. Sin embargo, según explica el abogado, esta petición quedó en papel mojado. Ranz llegó a denunciar a 23 obispos españoles por un delito penal contra la independencia del Estado por no retirar los símbolos franquistas, aunque estas denuncias no han llegado a nada, según reconoce el abogado. En la provincia de Badajoz mantiene los pleitos con Villafranco y Guadiana del Caudillo por sus nombres, pero no tiene controlado ningún rastro en iglesias. Para este abogado, no obstante,Gallardo es un ejemplo. «Es el único presidente de una diputación que ha hecho algo tan obvio como cumplir con los preceptos recogidos en la Ley».

El debate sobre restos franquistas sigue abierto en toda España. Existe un caso muy llamativo en Sevilla. El militar golpista que tomó la ciudad en nombre de Franco en 1936, Queipo de Llano, está enterrado en la basílica de La Macarena.El alcalde, Juan Espadas (PSOE), dijo este verano que había iniciado contactos con el Arzobispado y la hermandad para que los restos del general salgan de uno de los templos más visitados de Sevilla. La sepultura del general es el vestigio franquista simbólico que queda en la capital andaluza, cuyo ejecutivo regional ya sacó adelante la Ley de Memoria Andaluza. Allí la Iglesia también se ha mostrado dispuesta a hablar, pero de momento Queipo de Llano sigue enterrado junto a La Macarena.

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