Gallardo reclama a Guadiana del Caudillo que devuelva las subvenciones

Antonio Pozo, alcalde de Guadiana del Caudillo, con el catálogo de vestigios de su pueblo. :: HOY/
Antonio Pozo, alcalde de Guadiana del Caudillo, con el catálogo de vestigios de su pueblo. :: HOY

Le pide 141.279 euros por desatender los requerimientos sobre Memoria Histórica y el alcalde se niega

Rocío Romero
ROCÍO ROMEROBadajoz

Otro paso más. El presidente de la Diputación, Miguel Ángel Gallardo, ha dado otro paso en su proyecto para limpiar la provincia de vestigios franquistas. Ahora le pide al Ayuntamiento de Guadiana del Caudillo que devuelva todo el dinero recibido de la institución el año pasado por no haber atendido las exigencias del comité de expertos. El alcalde de Guadiana, Antonio Pozo, a su vez, le ha remitido otra carta informando que no le dará el dinero. Ambos firman un nuevo capítulo en el enfrentamiento por la Memoria Histórica con el telón de fondo de 141.279 euros. Esta cantidad supone el 8,5% del presupuesto local para el año pasado, que llegó a los 1.671.000 euros.

El requerimiento de la Diputación tiene fecha del 24 de abril y está firmado por la directora del área de Economía, Hacienda,Compras y Patrimonio, Gema Buceta. El asunto es 'requerimiento acreditación cumplimiento de obligaciones beneficiarios subvención' y está dirigido al Ayuntamiento de Guadiana del Caudillo. Los 141.279,74 euros de la reclamación se reparten entre la Escuela Municipal de Música (1.629,74 euros), Universidad Popular (2.300 euros), Plan Dinamiza (76.320 euros), Convenio con la FundaciónCB (1.331 euros), Actividades culturales, educativas y fiestas populares (1.500 euros), Actividades deportivas (900 euros), Dinamización cultural (1.331 euros) y Plan Dinamiza Extraordinario (55.968 euros).

La carta recuerda que el Plan Estratégico de Subvenciones de la provincia del año 2017 recoge que una de «las señas de identidad de la política de fomento es el compromiso con la recuperación de la Memoria Histórica y con el respeto a los valores democráticos de la provincia». Y continúa: los ayuntamientos «asumirán el compromiso de cumplir con la Ley de Memoria Histórica, elaborando el catálogo de vestigios al que se refiere el artículo 15 y procediendo a la retirada de los mismos, configurándose en las bases reguladoras dicho compromiso como un supuesto específico de reintegro en caso de incumplimiento».

Por ello, le pide que devuelva un total de 141.279 euros y le da un plazo de tres meses para acreditar que ha atendido los mandamientos del comité de expertos mediante un certificado del secretario municipal. Le da la posibilidad de solicitar una prórroga que se concedería previo informe del comité de expertos. La Diputación ofrece los recursos necesarios para que atienda sus peticiones.

Para mantener el dinero, Guadiana tendría que eliminar el apellido 'del Caudillo' del topónimo por ser una exaltación del dictador, que retire el escudo de piedra situado en la fachada del Ayuntamiento donde aparece el águila de San Juan y que lo conserve para su posible musealización, así como que retire también la placa conmemorativa de la creación del municipio. En esta aparece: «Francisco Franco Bahamonde, jefe del Estado Español, al visitar la zona regable de Montijo, en el mes de mayo de 1951, inauguró la primera fase de construcción de este pueblo que se denomina:Guadiana del Caudillo, como modesta ofrenda a sus constantes entusiasmos en pro de la labor colonizadora».

Placa conmemorativa de la visita de Franco a Guadiana del Caudillo.:: HOY
Placa conmemorativa de la visita de Franco a Guadiana del Caudillo.:: HOY

A esta carta ha respondido el alcalde de Guadiana del Caudillo, Antonio Pozo, contestando que no atenderá el requerimiento.

Pozo asegura que su municipio sí cumple con la Ley porque cuenta con un catálogo de vestigios aprobado por el pleno de su ayuntamiento en marzo de 2017. Añade que se trata de un acto administrativo firme porque nadie recurrió. Sin embargo, apunta a que su ayuntamiento sí alegó a las peticiones del comité de expertos.

«Comité sectario»

En la carta, Pozo asegura que existe inseguridad jurídica, que «los encargados de juzgar y de hacer ejecutar lo juzgado (...) son los jueces (...)no un comité sectario ideológicamente nombrado por el presidente de la Diputación de Badajoz, máxime cuando ha sido el poder judicial quien ha sentenciado y fallado en múltiples ocasiones a favor del municipio y la legalidad de su denominación», por lo que defienden que no tiene que cambiar el nombre del pueblo. Pozo asegura que tres procedimientos judiciales distintos han negado que existan vestigios y que haya que cambiar su topónimo.

El alcalde recuerda que las convocatorias de subvenciones obligan a hacer un catálogo de vestigios y no se dice que este tenga que ser redactado por un comité de expertos. Por esto entiende que al hacer el catálogo, aprobarlo en pleno y enviarlo a la institución provincial está cumpliendo con las convocatorias de subvenciones. Subraya además que el comité de expertos ha pretendido ser «juez supremo» e invadir competencias municipales, dado que el Pleno aprobó su propio catálogo.

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Por todo esto, Antonio Pozo entiende que la carta recibida en el Ayuntamiento pidiendo la devolución del dinero es un «medio coactivo para el municipio y sus habitantes». En la carta, dirigida a Gallardo, le advierte además de que puede incurrir en prevaricación porque conoce las sentencias que dan la razón a su postura en cuanto a la Memoria Histórica. Anuncia medidas judiciales.

El Ayuntamiento de Badajoz, que tampoco ha atendido los requerimientos del comité de expertos, no ha recibido ningún aviso.

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