La Fiscalía pide la clausura de un club de alterne de Badajoz por no dar de alta a las camareras

Fachada del Club Halloween en la actualidad. :: c. moreno/
Fachada del Club Halloween en la actualidad. :: c. moreno

La acusación pública pide dos años de cárcel para el administrador y los dos encargados de un local de Badajoz en el que había 11 mujeres sin contrato

E. F. V. BADAJOZ.

La Fiscalía de Badajoz solicita una pena de prisión de dos años para el administrador y los encargados de un club de alterne de Badajoz en el que los inspectores de Trabajo detectaron la presencia de once «camareras de alterne» que no habían sido dadas de alta.

Esas irregularidades fueron detectadas en la inspección que se realizó el 29 de mayo de 2015 a las 23.30 horas. Ese día, varios funcionarios de la Inspección Provincial de Trabajo y de la Seguridad Social de Badajoz, asistidos por funcionarios de la Brigada Provincial de Extranjería y Fronteras del Cuerpo Nacional de Policía, realizaron una inspección en el club de alterne Halloween, que funciona en la calle Ébano de la barriada de Llera, en Badajoz.

En esa visita, los inspectores constataron que había 15 trabajadores, once de los cuales eran mujeres que desempeñaban funciones laborales de «camareras de alterne», cuya tarea consistía en captar clientes varones para la consumición de bebidas.

El escrito de acusación de la Fiscalía explica que todas las mujeres identificadas eran ciudadanas extranjeras que no habían sido dadas de alta en la Seguridad Social «conforme a la normativa y plazos vigentes». Una de ellas era una chica de nacionalidad paraguaya que, además de no estar dada de alta, permanecía en España en una situación administrativa irregular.

Esos datos fueron recogidos en un informe y los subinspectores de Trabajo levantaron un acta en la que se apreciaba una posible conducta delictiva que fue puesta en conocimiento de la Fiscalía de Badajoz, que inició unas diligencias informativas de investigación.

El caso fue instruido en el juzgado y ahora la Audiencia Provincial de Badajoz ha citado a los acusados para la celebración de un juicio que finalmente ha sido aplazado para el próximo mes de mayo.

Consciente

En el escrito de calificación provisional de la Fiscalía se explica que el administrador único de ese local era J. A. G. G., «quien era consciente de dichas actividades laborales» y de las circunstancias y condiciones en las que trabajaban esas mujeres.

Igualmente se aclara que en el momento en el que se realizó esa inspección los encargados de ese negocio eran los ciudadanos portugueses J. M. D. E. y V. M. B. S., «los cuales eran también conscientes de las actividades y condiciones laborales de las mujeres que allí trabajaban bajo su directa supervisión, con unos horarios determinados y una retribución fijada en la mitad del importe de las consumiciones de los clientes que consiguieran captar».

La Fiscalía entiende que los hechos relatados constituyen un delito contra los derechos de los trabajadores y contra la Seguridad Social. En concreto, los hechos encajarían en el artículo 311 del Código Penal, donde se establecen penas para quienes ocupen de forma simultánea a varios trabajadores sin registrar ni comunicar su alta en la Seguridad Social.

En este caso se dan además dos circunstancias que agravan los hechos. El primero, que el número de trabajadores afectados por esta irregularidad supera el 50% del total de la plantilla; el segundo, que una de las mujeres estaba en España en situación administrativa irregular.

La acusación se formula contra el administrador y los dos encargados. Para cada uno de ellos se propone una pena de prisión de dos años por el delito contra los derechos de los trabajadores, además de una pena accesoria de inhabilitación especial para el ejercicio de actividad comercial y de administración de empresas.

También se solicita que a la sociedad mercantil que gestiona el club, con respecto a ese establecimiento, se le imponga la pena accesoria de suspensión de actividades y clausura del local por dos años.

Por último, los acusados deberían indemnizar de forma conjunta y solidaria a la Tesorería de la Seguridad Social con las cantidades que ha dejado de ingresar por cotizaciones sociales de las trabajadoras.

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