La Fiscalía pide cárcel para un agricultor que no dio de alta a 92 trabajadores

Recolección de aceitunas, en una imagen de archivo./HOY
Recolección de aceitunas, en una imagen de archivo. / HOY

Los hechos fueron descubiertos durante una actuación llevada a cabo por los inspectores de Trabajo en un olivar de Badajoz

Evaristo Fdez. de Vega
EVARISTO FDEZ. DE VEGABadajoz

La Audiencia Provincial de Badajoz juzgará el próximo 24 de octubre a un empresario que en noviembre de 2015 recibió una inspección de trabajo en un olivar en el que trabajaban casi un centenar de trabajadores extranjeros que no estaban dados de alta, un supuesto delito para el que el Ministerio Fiscal solicita una pena de dos años de prisión.

Los hechos que serán enjuiciados el próximo mes fueron descubiertos el día 4 de noviembre de 2015. Eran las 10 de la mañana cuando varios funcionarios de la Inspección Provincial de Trabajo y Seguridad Social, asistidos por agentes de la Guardia Civil, realizaron una visita de inspección en una finca ubicada en el paraje ‘El Moral’, que está dentro del término municipal de Badajoz.

En ese lugar se llevaba a cabo una recogida de aceituna por parte de 96 trabajadores provistos de escaleras, cubos y un tractor con remolque. Los inspectores comprobaron que todos ellos participaban en la recolección aunque sólo eran cuatro (estos de nacionalidad española) los que habían sido dados de alta previamente en la Seguridad Social.

Los trabajadores sin contrato intentaron huir para evitar la acción de los inspectores

Al advertir la presencial de los inspectores laborales, «y siguiendo las instrucciones recibidas», los trabajadores extranjeros trataron de abandonar precipitadamente el lugar en el que se encontraban para evitar así ser descubiertos.

Estos datos figuran en el escrito de acusación de la Fiscalía, donde se concreta que 62 trabajadores (todos extranjeros menos uno) no habían sido dados de alta, mientras que otros 30 fueron dados de alta en sus cotizaciones sociales esa misma mañana, pero «con posterioridad al inicio de la visita de inspección y antes de las 12 horas».

Tras esa actuación, el servicio de inspección de trabajo elaboró un informe en el que se indicaba que los hechos tenían carácter delictivo, por lo que el acta fue remitida a la Fiscalía Provincial de Badajoz, que inició unas diligencias de investigación para identificar a los responsables de ese presunto delito.

De ese modo se puso en marcha un procedimiento judicial que concluirá el próximo 24 de octubre con la celebración de un juicio que sentará en el banquillo a Francisco G. B., un empresario sin antecedentes penales que, según cree la Fiscalía, era consciente de las actividades laborales que se realizaban en esa finca y las condiciones laborales en las que se encontraban esos trabajadores «a su cargo como empleador directo».

En el escrito de calificación que ha realizado el Ministerio fiscal se señala que esos hechos constituyen un delito contra los derechos de los trabajadores y contra la Seguridad Social por ocupar simultáneamente a una pluralidad de trabajadores sin registrar y comunicar su alta en la Seguridad Social.

De esos hechos se considera penalmente responsable en concepto de autor a Francisco G. B. por ser el administrador único y titular de la empresa que llevaba a cabo la recogida de aceituna. La Fiscalía pide para él una pena de prisión de dos años y el pago de una multa de 3.240 euros a razón de 12 euros diarios durante nueve meses.

Igualmente solicita que en concepto de responsabilidad civil el acusado y su empresa indemnicen a la Tesorería de la Seguridad Social con las cantidades que dejó de ingresar por las cotizaciones sociales correspondientes a todos los trabajadores.

Fotos

Vídeos