La Diputación estudia tomar acciones legales para salvaguardar su honestidad en los procesos selectivos

El diputado de Recursos Humanos y de Régimen Interior sostiene que las críticas del PP tratan de confundir y de «sacar una rentabilidad política»

EUROPA PRESS

La Diputación de Badajoz estudiará tomar acciones legales para «salvaguardar» la «honestidad» de la institución provincial y la de los componentes de los tribunales de los procesos selectivos.

Así lo ha anunciado el diputado de Recursos Humanos y de Régimen Interior, Antonio Garrote, que ha mostrado el apoyo institucional a los componentes y miembros de los tribunales, unas 150 personas, que han participado en los procesos selectivos de la diputación, unos 90 en esta legislatura según ha cifrado.

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También ha trasladado un mensaje de tranquilidad a los casi 7.000 opositores que han participado en los mismos en una rueda de prensa en la que ha respondido a las críticas del PP provincial y, en concreto, del diputado provincial y alcalde de Guadiana del Caudillo, Antonio Pozo Pitel, sobre los procesos selectivos de la diputación.

En su intervención, Antonio Garrote ha asegurado que la diputación, «como no puede ser de otra manera», como «administración y entidad pública que es se rige por la transparencia» y por la «imparcialidad», así como por «garantizar el derecho de los opositores» en estos procesos.

Ha incidido además en que se «accede» a la diputación «a través del mérito, capacidad e igualdad como así lo establece la ley», al tiempo que ha sostenido que «este tipo de informaciones» del PP son «gratuitas».

Así, ha sostenido que dichas críticas del PP «tratan de confundir» y de «sacar una rentabilidad política», al tiempo que ha incidido en que los procesos selectivos «tienen todas las garantías en la Diputación de Badajoz».

Relaciones familiares

También se ha referido Antonio Garrote a las «relaciones familiares» aludidas por el PP de las dos personas que han ganado dos plazas de técnico superior jurídico en un concurso oposición de la diputación al precisar que cualquier persona tiene derecho a acceder a la Función Pública y que «el hecho de que haya relaciones personales familiares» con miembros de la diputación «no quiere decir nada más ni nada menos que eso».

«Los que somos de pueblo pequeño nos suele pasar mucho a los alcaldes que tenemos procesos selectivos, en cualquier momento cualquier persona contratada por un ayuntamiento le pueden sacar cualquier relación con cualquiera de los miembros del ayuntamiento familiar, vecino, vive en la misma calle», ha comentado, para preguntarse «por qué no pueden presentarse estas personas» y «por qué hay que coartar sus derechos» en unas oposiciones «complicadas».

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