Los diez casos investigados de bebés robados en Badajoz han sido archivados

En todo el país, se produjeron 30.000 denuncias. De ellas, solo una ha llegado a los tribunales. El juicio en Madrid por este caso que debería haberse celebrado días atrás se suspendió por el estado de salud del único acusado, el ginecólogo de 84 años Eduardo Vela.

La mayoría, como en el caso de la provincia de Badajoz, han sido archivadas. «Se ha intentado llegar al fondo con las dificultades que conllevaba porque se trataba de asuntos muy antiguos. La idea era intentar averiguar qué pasó, porque luego la posibilidad de que esto terminase en una acusación era muy remota». Lo dice Antonio Mateos, el fiscal que ha investigado las denuncias de bebés robados en la provincia.

En el caso de Badajoz, Mateos ha investigado cada denuncia sin que entre ellas hubiese conexión temporal ni espacial. Los casos de la provincia abarcan un periodo amplio que va desde mitad de los años 50 hasta la década de los 80. Concretamente, el caso más antiguo denunciado está fechado en 1956 y el más reciente en 1982. Los partos más antiguos se practicaron en la antigua maternidad provincial que la Diputación sostenía en Badajoz, los más recientes en el Perpetuo Socorro.

En todas las denuncias se partía de las sospechas de los familiares (de los diez casos de la provincia, en nueve los denunciantes eran los padres y solo en uno una hermana) de ser víctimas del robo de sus bebés.

«La dinámica era que una mujer acudía a dar a luz a la maternidad y el niño fallecía. A partir de ahí empiezan a surgir las dudas de si ese niño pudo haber nacido con vida y ser entregado a otra familia. Las sospechas se incrementaban en los casos en los que no habían visto el cadáver o cuando le habían entregado el féretro ya cerrado».

Con esta base, la Fiscalía de Badajoz empezó a armar cada expediente a conciencia. Primero tomando declaración a los familiares que habían denunciado los casos, luego solicitando los expedientes médicos (a los que se ha tenido acceso en todos los casos, incluidos los más antiguos) y por último, acudiendo al Registro Civil para comprobar la inscripción de cada bebé y el legajo de abortos en los casos en los que ésta figuraba como la causa de la muerte.

La documentación se completaba con los informes forenses en los que se valoraba, de acuerdo con el historial clínico y las circunstancias del fallecimiento de los recién nacidos, las posibilidades de que hubiera sobrevivido.

Con todo, en alguno de los casos se tomó declaración solo como testigos a algún ginecólogo y enfermero, pero la Fiscalía no llegó a señalar a nadie como testigo en ninguna de las ocho denuncias que investigó.

Solo dos de los expedientes culminaron con la exhumación de los cadáveres de los bebés y la realización de las pruebas de ADN. Se trata de las dos denuncias con fecha más reciente y en las dos los resultados biológicos fueron positivos, es decir, los restos de los bebés se correspondían con los de sus padres.

El problema, reconoce Mateos, «es que en el resto de los casos no hubo posibilidad de encontrar restos ni de hacer análisis porque o no constaba donde estaban enterrados o no estaban identificados». Este último era el caso de los fetos abortivos que, entonces, se enterraban en los cementerios sin identificar.

«Las pruebas biológicas son las únicas que dan la certeza absoluta y lo único que verdaderamente llega a tranquilizar a las familias. La alarma social que se ha creado ha generado mucha angustia y eso no se puede quitar sin una prueba de ADN que en la mayoría de los casos no hemos podido obtener», reconoce el fiscal, que sabe bien de lo que habla porque durante toda la investigación fue testigo del sufrimiento de las familias que habían denunciado.

Con el trabajo hecho, la Fiscalía de Badajoz archivó directamente cinco de los casos, entre ellos los dos en los que logró practicar las pruebas de ADN. Los otros tres los remitió al juzgado para agotar todas las posibilidades a través de los pocos testimonios que se pudieran obtener. Si bien, estos últimos también terminaron archivados.

«Aunque no teníamos resultados biológicos, en el resto sí había una serie de datos que nos llevaron a entender que no había nada raro o simplemente la investigación no pudo llegar más lejos», dice Mateos.

«Se ha hecho todo lo que se podía hacer y creo que a las familias les hemos aportado algo de consuelo, aunque algunas tienen la certeza de que le robaron a su hijo por mucho que le digas que el expediente sanitario está bien, que el registro civil está bien. Quizás nunca se convenzan».

Mateos se resiste a aceptar las cifras que se barajan de bebés robados en España así como que existiese una trama montada para este fin. «Ha llegado un momento en que la alarma social nos ha hecho sospechar en exceso, parecía que todos los niños que morían al nacer habían sido robados. No quiero decir con esto que no haya habido ningún caso ni que no hubiera que investigarlos, pero creo que se han dado unas cifras sin fundamento que han generado mucho sufrimiento».