El Ayuntamiento de Badajoz quiere derribar Los Rostros 18 años después

Acceso a la finca de Los Rostros. :: /J.V. ARNELAS
Acceso a la finca de Los Rostros. :: / J.V. ARNELAS

El Ayuntamiento de de Badajoz tirará una veintena de edificaciones de forma subsidiaria 18 años después de que comenzaran las denuncias

Rocío Romero
ROCÍO ROMEROBadajoz

Las viviendas de Los Rostros llegan a su final. O casi. El Ayuntamiento acaba de sacar a concurso el contrato para derribar una veintena de inmuebles por 192.661 euros. Lo hará de forma subsidiaria porque los propietarios no han atendido las decisiones de los jueces.

De esta forma, el Ayuntamiento cumple con las sentencias judiciales y pondrá fin a un largo camino de denuncias y desencuentros que se remonta al año 2000. Esto es, demolerán las construcciones 18 años después de que la ciudad comenzara a hablar sobre estas viviendas ilegales.

Entre los años 2000 y 2012 los propietarios de Los Rostros I y II tuvieron que acostumbrarse a las sentencias condenatorias, incluso del TSJEx, y también a los expedientes municipales, tanto los sancionadores como los de restitución de legalidad (es decir, la demolición).

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Las sentencias coincidían en que tanto las construcciones como las parcelaciones eran ilegales y, por tanto, debían derribarlas.

Los Rostros se asienta sobre suelo no urbanizable con una especial protección de carácter estructural agrícola pecuario. Las demoliciones se refieren a viviendas, cobertizos, cuartos de apero o gallineros. Pero todas siguen en pie.

La licitación que el Ayuntamiento ha realizado esta semana corresponde a los expedientes de ejecución subsidiaria que se encuentran en la última fase.

Es decir, que los vecinos han tenido que pagar multas por construir sin permiso y después debían hacerse cargo del derribo. Como no lo hicieron, el Ayuntamiento lo hará directamente. En el contrato se apunta a que las empresas tendrán un año para realizar las demoliciones a contar a partir de la firma del acta de replanteo. Es decir, que se prolongarán hasta la primavera de 2019, contando con que el procedimiento administrativo acaba de comenzar y que las empresas cuentan hasta inicios de febrero para presentar sus ofertas.

El contrato apunta que deberán demoler lo que en él se indica (con denominaciones técnicas de las parcelas que corresponden a las urbanizaciones de Los Rostros I y Los Rostros II), pero también si se han producido ampliaciones o sobreejecuciones de las edificaciones. Recoge, de igual modo, «la imposibilidad de ejecución de algunas partidas que obliguen a consolidar y garantizar la estabilidad de la edificación».

Año 2000

El conflicto empezó en el año 2000. La empresa Los Rostros SL vendió a Alvisere Compraventa SL la finca de 1.530.500 metros cuadrados en suelo rústico de especial protección. La compradora la segregó en varias parcelas y empezó a venderlas a interesados en levantar allí una casa de campo. Al año siguiente, Cristina Herrera, que era entonces concejala de Urbanismo, ya advirtió a los propietarios de que era ilegal tanto parcelar la finca como construir en las parcelas resultantes.

El Ayuntamiento detectó que se estaban tendiendo canalizaciones y las paralizó. Días después, la propia Herrera anunció que los vendedores de las parcelas estaban devolviendo la señal entregada por algunos compradores ante la prohibición expresa de construir.

El administrador de la empresa Alvisere, que era la que vendía las parcelas, explicó entonces que habían comprado 27 hectáreas y las estaba vendiendo por partes: 4.800 euros por 5.000 metros.

El Consistorio ha sacado a concurso el derribo de estas edificaciones por valor de 190.000 euros

A lo largo de 2002 la concejala de Urbanismo insistió en que jamás se iba a conceder licencia para construir en parcelas inferiores a 35.000 metros cuadrados. Como a pesar de la advertencia las obras continuaron, el Ayuntamiento decretó su demolición, e incluso la programó para el 8 de agosto de 2002. Pero no pudo hacerlo porque los propietarios bloquearon los caminos con cadenas y las máquinas no pudieron pasar.

Urbanismo acudió de nuevo al juez para que le diera permiso para la demolición, pero no pudo hacerlo hasta casi dos años después, el 14 de junio de 2005. Ese día, tres máquinas excavadoras destruyeron las conducciones de agua y el aljibe que se había construido en la finca, que pertenecía a 58 propietarios. La Guardia Civil y la Policía Local escoltaron a los trabajadores para que no hubiese problemas con los dueños de los terrenos. Los propietarios recurrieron pero los jueces han ido fallando en estos años que tanto los derribos como las multas que empezaron a ponerse por las construcciones ilegales se ajustaban a la ley.

Como se ha indicado antes, algunos procedimientos han llegado al Tribunal Superior de Justicia de Extremadura, que también ha dado la razón al Ayuntamiento.

El Ayuntamiento anunció los derribos subsidiarios en 2012. Son los expedientes que se encuentran en su última fase y sobre los que versa el concurso de obras publicado esta semana. Es decir, que van a tirarlas 18 años después de que se empezaran a vender los terrenos de esta propiedad proindivisa. A pesar de que no se podían parcelar, las divisiones y las casas siguen en pie. Ahora parece que por poco tiempo.

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