La Audiencia dice que la libertad de expresión no ampara insultos a políticos y funcionarios

Imagen de un pleno del Ayuntamiento de Badajoz. :: hoy/
Imagen de un pleno del Ayuntamiento de Badajoz. :: hoy

El auto en que se ordena a la juez de Instrucción reabrir el caso por presuntas injurias y calumnias en Facebook afirma que no se escuchó a las víctimas

M.M. BADAJOZ.

La Audiencia Provincial de Badajoz rechaza que las expresiones ofensivas que se han vertido en foros de Facebook contra el alcalde, los concejales y funcionarios municipales tengan amparo en el derecho a la libertad de expresión y de crítica política. Este es el principal argumento del auto dictado por el tribunal por el que estima los recursos contra el archivo del caso presentados por el fiscal y el Ayuntamiento y ordena a la magistrada titular del Juzgado de Instrucción número 3 reabrir la causa, tal como adelantó HOY en su edición de ayer sábado.

Los razonamientos que desgrana la Audiencia en su escrito son contundentes: la investigación judicial no ha sido agotada, puesto que solo se ha tomado declaración a uno de los querellados, Antonio García Borruel; y no se ha escuchado a las víctimas. El auto, extenso y muy argumentado, hace una recopilación de las expresiones injuriosas que se vierten en ese foro, y rechaza de plano que tengan encaje en el derecho a la libertad de expresión, algo que sí consideró la juez instructora.

«Expresiones como perros, trileros, chorizo, caradura, inútil, enano, su gañote no tiene límites, corrupto, pura mafia, qué jeta tiene el Fragoso, parece un sapillo (entre un sinfín que han sido objeto de transcripción) no guardan, a criterio del tribunal, correlación alguna con el derecho de expresión o de emisión de información veraz; son puros ataques gratuitos e innecesarios al honor», afirma la Audiencia en su resolución. «Tienen una carga ofensiva pura, por cuanto no se trata de cuestionar, criticar o matizar la labor funcionarial o política de aquellas personas a las que va dirigida, sino a zaherir y cuestionar su honor, lo que, sería innecesario recordar, es un bien jurídico protegido constitucionalmente», añade el auto.

El tribunal estima que ha habido ataques al honor de una «carga ofensiva pura» que no pretenden criticar sino zaherir

La Audiencia también destaca el hecho de que los ataques que se han hecho en ese foro no han sido puntuales sino continuados, por lo que considera que existe una voluntad deliberada de atacar el honor.

«Es de toda evidencia que la instrucción no se halla agotada; si acaso inicia su andadura», continúa el tribunal, que añade que al archivar la causa se ha lesionado el derecho de la acusación a la tutela judicial efectiva reconocida en el artículo 24 de la Constitución.

La Audiencia dictamina que lo que ahora procede es la investigación: que declaren las víctimas y también los investigados, que podrán hacer uso del derecho de defensa. «La decisión que así se adopte ganará mayor acierto por cuanto vendrá asentada sobre un conocimiento mucho más extenso que el que proporciona una instrucción abortada con la sola declaración de uno de los investigados», insiste la Audiencia.

Los magistrados estiman que por ahora existen indicios de relevancia que pudieran acreditar la existencia de delitos y no solo de los que se han denunciado (injurias y calumnias) sino de otros como falsedad documental y denuncia falsa.

En base a esta argumentación la Audiencia concluye que no cabe el archivo del procedimiento, sino que la juez instructora debe oír a las víctimas identificadas por el Ministerio Fiscal y también a los investigados.

La denuncia en cuestión fue presentada por el alcalde de Badajoz el pasado 1 de marzo de 2017 y archivada por la juez instructora el 30 de abril. Los denunciados, además de Antonio García Borruel, son José Antonio Hinchado Alba, Joaquina Boceta Navarro, Alberto J. López, Daniel Castilla y Roberto Aguado Martín.

A todos se les denunciaba por verter durante meses en páginas de Facebook (especialmente en el foro llamado Club de Debates Urbanos) graves acusaciones e insultos contra el alcalde, los concejales y funcionarios municipales.

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