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J. LÓPEZ-LAGO
Domingo, 4 de junio 2017, 00:45
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El final del mes de mayo ha sido, probablemente, el más convulso que ha atravesado la Cámara de Comercio de la provincia de Badajoz. Teléfonos echando humo, comidas para calibrar el número de apoyos, relecturas del reglamento interno para invocar artículos que nunca se habían usado o urgentes informes jurídicos han animado una semana de tensión en la que tampoco han faltado declaraciones desafiantes en los medios. Hasta ha intervenido la Consejería de Economía e Infraestructuras de la Junta de Extremadura, que trata de aplacar ánimos.
No parece que el inicio de junio vaya a ser más tranquilo, con otra cita clave inminente, el pleno extraordinario de pasado mañana martes si no vuelve a anularse, como sucedió el pasado miércoles. Así está la situación ahora mismo y ni siquiera se vislumbra en los próximos meses ese periodo de calma que suele llegar tras las tormentas, teniendo en cuenta que en menos de un año habrán de convocarse nuevas elecciones a la Cámara.
En este proceso los empresarios votan (la participación oscila entre el 5% y el 8% del censo) y deciden qué organización quieren que gobierne esta corporación de derecho público que maneja más de tres millones al año de presupuesto. Su núcleo de poder apenas ha variado en las últimas décadas y es sabido que siempre ha orbitado en torno a la familia Masa.
Desde su fundación en 1982 por Antonio Masa Godoy, la Confederación de Organizaciones Empresariales de la Provincia de Badajoz (Coeba), se ha hecho con el poder en la Cámara elección tras elección. En 2010 volvió a arrasar y obtuvo votos suficientes como para designar a todos los miembros del pleno de la Cámara, donde están representadas empresas de sectores variados.
Coeba considera sin embargo que no maneja la Cámara, la cual creen que está en manos de su secretario general y gerente, Antonio Masa Gragera, hijo del fundador. El comité ejecutivo de Coeba lo acusó de querer imponer la semana pasada a un presidente de manera unilateral, uno en el que ahora confía la misma empresa (Invarex) por la que accedió al cargo el anterior, Fernando Herrera. Por tanto, uno que Masa Gragera manejaría a su antojo. Coeba reclama que esta decisión la debe tomar el pleno, al que pertenecen 33 miembros, aunque solo 29 con voz y voto.
Liderando una corriente están el vicepresidente de Coeba y la Cámara, Javier Peinado, junto al presidente de Coeba, Emilio Doncel, ambos plenarios de la Cámara a través de sus respectivas empresas, si bien sobre el segundo se han abierto dudas tras la venta reciente de la empresa que gestiona el aparcamiento de Menacho, que era la empresa por la que Doncel estaba representado en el pleno. Esta cuestión se abordó de manera informal en un comité ejecutivo celebrado el 18 de mayo justo antes de que estallara esta crisis.
Enfrente está Antonio Masa Gragera, que nombró la semana pasada a Francisco del Pozo presidente, figura que Coeba no reconoce pues considera que la designación no ha pasado por pleno y por ello el puesto está vacante y debe ser el vicepresidente primero (Peinado) quien convoque la sesión dedicada a sustanciar este nombramiento siempre que obtenga los votos necesarios. Al haber 29 miembros basta con 15 votos. De no asistir todos y darse un empate el voto del presidente vale doble. En ese caso habría que dirimir si efectivamente hay presidente ahora mismo.
Así las cosas, las claves están en conseguir un mayor número de apoyos y en diseñar un orden del día acorde a los intereses de cada parte.
El martes pasado la Junta de Extremadura suspendió cautelarmente el pleno previsto para el día siguiente. La Consejería de Economía e Infraestructuras deja claro en su resolución que interviene porque sobre lo que se pronuncia es subsanable. De hecho parece sugerir el aplazamiento de la cuestión. Por ello en su resolución habla de que en realidad la suspensión del pleno es un acto de trámite, «no decide directa o indirectamente el fondo del asunto», y añade «ni produce indefensión o daño irreparable a derechos e intereses legítimos». La resolución la firma el 30 de mayo, un día antes del pleno, el consejero de Economía e Infraestructuras, José Luis Navarro.
Informes jurídicos
Parece que la situación se reconducirá en cuanto se celebre otro pleno. Pero que la Junta de Extremadura haya mediado en una cuestión interna de la corporación empresarial ha molestado a varios plenarios. De hecho el vicepresidente segundo de la Cámara, el dombenitense Daniel Nieto, habló el miércoles pasado de «injerencia» de la Junta y de que ésta había tomado parte.
El secretario general y gerente Antonio Masa, en cuanto supo que miembros del pleno estaban pidiendo a la Junta que suspendiera la sesión del día 31, se apresuró a pedir informes jurídicos, uno interno y otro externo. Querían que le aclararan hasta qué punto la Junta de Extremadura es tutelante de las Cámaras de Comercio.
La conclusión fue que la Administración se ha extralimitado y no debiera haberse metido en un asunto relacionado con la convocatoria de un pleno ordinario, y subraya este informe jurídico que la petición de amparo a la Junta por escrito la firmaron «tres interesados que se identifican como miembros del Pleno y del Comité Ejecutivo de la Cámara de comercio».
En cualquier caso, el pleno no se celebró como pidió la Junta, pero a partir de esa misma tarde cada corriente empezó a diseñar la siguiente estrategia.
El Reglamento de Régimen Interior dice: «El pleno celebrará, como mínimo, seis sesiones ordinarias al año. Podrán celebrarse, además, cuantas sesiones extraordinarias acuerde el Comité Ejecutivo, a propuesta del presidente o cuando lo soliciten por escrito la cuarta parte de sus componentes, con expresión de los asuntos a tratar» (artículo 11.1). Dicho de otro modo, no hace falta debatir si el presidente ejerce de manera legal o no, con ocho plenarios de acuerdo basta para convocar una sesión extraordinaria e incluir este asunto en el orden del día.
Quince personas firmaron la petición que registró Masa el miércoles pasado para que este martes, día 6, tenga lugar un pleno extraordinario. Se trata de Francisco del Pozo Pontiveros, Florencio Torres Lagar, Daniel Nieto López, Fernando Segador, Diego del Pozo Alberca, Antonio Márquez Peinado, Stefan Alzas Dries, Roberto Alonso Asensio, José Luis Iniesta Vázquez, Manuel Ligioiz Jerez, Carlos Briz Sanabria, José Manuel Pallero Delgado, Silvestre Manuel Martínez Chávez, Manuel Sánchez Ramos y Francisco Javier Lozano
Por otro lado, once personas (algunas están en ambas listas) se han adherido a la petición de Javier Peinado Rodríguez y Emilio Doncel Rodríguez. Son, además de ambos, José Manuel Herrera Sánchez, José María Gallardo Sansinena, Manuel Ligioiz Jerez, Antonio Romero Valdeón, José Luis Ascarza Sánchez, Maribel Martín-Romo Romero, Julián Castaño Poblador, Manuel Balastegui Ortiz y Justo Pino Torres.
Ambos grupos suman más de ocho personas, cifra suficiente para pedir un pleno, si bien se deduce que el primer grupo es más numeroso y cuenta con la mitad más uno de los 29 plenarios. No obstante, uno de los firmantes aseguraba a este diario que estar en una lista u otra no quiere decir necesariamente que se apoye a una u otra opción. Esto se desvelará cuando toque votar al presidente si se presentan más opciones además de la de Del Pozo. Es más, el régimen interno contempla la posibilidad del voto secreto.
También hay que anotar que faltan cuatro plenarios más que hasta el momento se han inhibido de firmar alguna de estas dos peticiones. Se trata de Justo Manuel del Amo Hernández, Arcadio Romero Cabeza, María Soledad Salgado Vaquerizo y Manuel Cordero Álvarez, que completan la lista de 29 que aparece en la web de la Cámara (en realidad son 33, pero los cuatro últimos solo tienen voz).
Según explica el vicepresidente segundo Daniel Nieto en representación del grupo afín a Masa, ellos piden un pleno el próximo martes, día 6, y en su orden del día, según Nieto, atienden la reivindicación que hicieron ante la Junta. El punto uno es un informe de Antonio Masa sobre la carta remitida con la que se comunicaba su cese de Herrera como presidente de la Cámara. El punto dos se refiere a las razones del cese, que se debe a que Herrera dejó de tener la confianza de Invarex S. L., empresa de la familia Masa por la que pertenecía al pleno. El punto tres dice: «Ratificación, o en su caso, elección del presidente de la Corporación». Y el último «Elección del Comité Ejecutivo de la Corporación».
Por su parte, la petición del otro grupo que impugnó el anterior pleno ante la Junta solo incluye los dos primeros puntos, pero no tiene fecha de celebración.
«Hay motivos personales»
Hay empresarios miembros del pleno que asisten a este enfrentamiento con cierto bochorno. Prefieren no dar su nombre, pero dejan claro que la situación actual no es positiva. «Este fuego cruzado no beneficia a nadie y solo perjudica al tejido empresarial de Extremadura, y también digo que no veo bien que el sistema político quiera dominar los órganos de gobierno de los empresarios. A veces parece que nuestros políticos quieran defender más a los de fuera que a los de aquí», dice alguien que se considera imparcial, que subraya que su única preocupación debe ser sacar adelante su empresa y que se ha visto involucrado en lo que cree que es una «una guerra por motivos personales e intereses particulares».
Otros empresarios sostienen que una administración autonómica debe intervenir en cuestiones de una Cámara de Comercio por hechos de mayor envergadura, como un desfalco o una quiebra, no por cuestiones de funcionamiento interno. En 2014, por ejemplo, la Junta de Andalucía intervino la cámara de Jaén por sus deudas y puso al frente a una gestora.
Lo que el informe jurídico de la Cámara no ve claro es que la Junta actúe en función de «tres interesados», como consta en el «acuerdo de adopción de medidas provisionales» del consejero de Economía. Según el abogado contratado por la Cámara para arrojar luz a esta polémica, «la convocatoria de un Pleno ordinario en sí misma no puede ser objeto de recurso de alzada ante el consejero competente en materia de Comercio».
Según otros interesados, este conflicto se inició el mes pasado pero que se veía venir desde hace años, como mínimo desde que Antonio Masa Godoy, en 2015 y entonces con 73 años, cayera enfermo y se retirara de la corporación que impulsó desde que fundara Coeba hace ahora 35 años.
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