Hoy

Critican falta de transparencia en el uso de glifosato contra el nenúfar en el Guadiana

Zona del río donde se ha tratado el nenúfar mexicano con glifosato. ::
Zona del río donde se ha tratado el nenúfar mexicano con glifosato. :: / PAKOPÍ
  • Varias organizaciones conservacionistas denuncian que este herbicida fue declarado en 2015 como cancerígeno de tipo 2A por la Organización Mundial de la Salud

Ecologistas en Acción de Extremadura, SEO/BirdLife y AMUS, en representación de las organizaciones conservacionistas extremeñas, han denunciado la "absoluta falta de transparencia y la presunta ilegalidad" de los ensayos con glifosato sobre el río Guadiana, para tratar el nenúfar mexicano en el azud de Badajoz.

En un comunicado de prensa, ha alertado de que el glifosato es un herbicida que ya en 2015 fue declarado por la Organización Mundial de la Salud (OMS) como cancerígeno de tipo 2A, es decir, "probable cancerígeno en humanos y suficientemente demostrado en animales".

Además, en la propia etiqueta del herbicida se advierte de la importancia de mantener este químico "alejado de cualquier fuente o cauce de agua por su elevada toxicidad para los seres humanos y para los organismos acuáticos".

La organización ha recordado que la Asamblea, a propuesta de Podemos tras una petición de Ecologistas en Acción, aprobó en marzo de 2016 una moción instando a la Junta a "eliminar el uso del glifosato en espacios de su competencia y su progresiva erradicación en los espacios donde tienen competencias otras administraciones".

A pesar de esto, ha lamentado, la Confederación Hidrográfica del Guadiana (CHG) "reconoce públicamente haber estado realizando ensayos con este producto sobre el nenúfar mexicano, en el propio cauce del río Guadiana, dentro del humedal protegido de la Red Natura 2000 Azud de Badajoz".

Y ello, a su juicio, con la "evidente intención de proceder a una aplicación extensa" de este herbicida para tratar ésta o cualquier otra planta invasora, "ignorando o subestimando las evidencias científicas que apuntan al riesgo de causar un grave impacto sobre la flora y la fauna del río y sobre la salud de las personas".

En este sentido, ha resaltado que en el Consejo Asesor de Medio Ambiente, celebrado el 4 de mayo, el propio director general de Medio Ambiente confirmó que la CHG "no tenía autorización ambiental para utilizar glifosato en el río".

Un extremo, ha dicho, que fue confirmado posteriormente en varias ocasiones por el Servicio de Conservación de la Naturaleza, indicando que no había un informe de afección a Red Natura 2000 favorable a la utilización de ese producto químico en el Azud de Badajoz, pero sí una autorización para realizar ensayos con otras substancias, como el peróxido de hidrógeno (agua oxigenada).

Sin embargo, la CHG insiste en "estar autorizada para el uso del glifosato y afirma públicamente su intención de utilizarlo repetidamente en el futuro".

Por ello, las organizaciones conservacionistas han exigido a la Dirección General de Medio Ambiente que de no existir tal autorización, inicie el correspondiente expediente sancionador por incumplimiento del permiso emitido y la consecuente vulneración de la Ley de Protección de la Naturaleza de Extremadura.

Asimismo, le insta a adoptar cuantas medidas sean necesarias para asegurar que no se producirán tratamientos extensos con glifosato en el río Guadiana, sin que la CHG presente estudios científicos verificables e independientes que garanticen la no afección a los ecosistemas acuáticos y a la salud humana.

En caso contrario, exigirán responsabilidades al director general y a los técnicos del Servicio de Conservación que dijeron lo contrario en el Consejo Asesor de Medio Ambiente y que han podido haber autorizado usar glifosato en un humedal de Red Natura 2000 sin la seguridad de no haber afección significativa a dicho espacio.

Las organizaciones han reclamado "mayor transparencia e información" a ambos organismos responsables y que faciliten copia de la autorización emitida por la Junta a la CHG y una información detallada de las pruebas realizadas hasta ahora y de los planes futuros de tratamiento con productos químicos, en cumplimiento de la ley que les reconoce su derecho a acceder a esa información ambiental.