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Las viviendas ilegales de Los Rostros siguen en pie dieciséis años después

Entrada a la zona de residencias de campo conocida como Los Rostros, en Badajoz. :: j. v. arnelas
Entrada a la zona de residencias de campo conocida como Los Rostros, en Badajoz. :: j. v. arnelas
  • El Ayuntamiento indica que los expedientes se encuentran en la última fase y que pronto se derribarán 21 inmuebles

Las viviendas ilegales volvieron a ser noticia la semana pasada, cuando se supo que un juzgado de Plasencia investiga la responsabilidad de la exalcaldesa Elia María Blanco y varios concejales por no ordenar el derribo de construcciones ilegales en la sierra de Santa Bárbara.

En Badajoz hubo un tiempo en que se hablaba mucho de viviendas ilegales. Entre los años 2000 y 2012 los propietarios de Los Rostros I y II tuvieron que acostumbrarse a las sentencias condenatorias, incluso del TSJEx, y también a los expedientes municipales, tanto los sancionadores como los de restitución de legalidad (es decir, la demolición).

Las sentencias coincidían en que tanto las construcciones como las parcelaciones eran ilegales y, por tanto, debían derribarlas.

Los Rostros se asienta sobre suelo no urbanizable con una especial protección de carácter estructural agrícola pecuario. Las demoliciones no se refieren solo a viviendas, sino también a cobertizos, cuartos de apero o gallineros. Pero todas siguen en pie.

Desde el Ayuntamiento explican que próximamente derribarán 21 edificaciones, cuyos expedientes de ejecución subsidiaria se encuentran en la última fase. Es decir, que los vecinos han tenido que pagar multas por construir sin permiso y después debían hacerse cargo del derribo. Como no lo hicieron, el Ayuntamiento lo hará directamente. Ahora trabajan en la última parte de esos expedientes. Desde el Ayuntamiento defienden que no son inactivos, pero que estos procedimientos son largos y lentos.

El conflicto empezó en el año 2000. La empresa Los Rostros SL vendió a Alvisere Compraventa SL la finca de 1.530.500 metros cuadrados en suelo rústico de especial protección, que a su vez la segregó en varias parcelas y empezó a venderlas a interesados en levantar allí una casa de campo.

Al año siguiente, Cristina Herrera, que era entonces concejala de Urbanismo, ya advirtió a los propietarios de que era ilegal tanto parcelar la finca como construir en las parcelas resultantes.

El Ayuntamiento detectó que se estaban tendiendo canalizaciones y las paralizó. Días después, la propia Herrera anunció que los vendedores de las parcelas estaban devolviendo la señal entregada por algunos compradores ante la prohibición expresa de construir.

El administrador de la empresa Alvisere, que era la que vendía las parcelas, explicó entonces que habían comprado 27 hectáreas y las estaba vendiendo por partes: 4.800 euros por 5.000 metros.

35.000 metros cuadrados

A lo largo de 2002 la concejala de Urbanismo insistió en que jamás se iba a conceder licencia para construir en parcelas inferiores a 35.000 metros cuadrados. Como a pesar de la advertencia las obras continuaron, el Ayuntamiento decretó su demolición, e incluso la programó para el 8 de agosto de 2002. Pero no pudo hacerlo porque los propietarios bloquearon los caminos con cadenas y las máquinas no pudieron pasar.

Urbanismo acudió de nuevo al juez para que le diera permiso para la demolición, pero no pudo hacerlo hasta casi dos años después, el 14 de junio de 2005. Ese día, tres máquinas excavadoras destruyeron las conducciones de agua y el aljibe que se había construido en la finca, que pertenecía a 58 propietarios. La Guardia Civil y la Policía Local escoltaron a los trabajadores para que no hubiese problemas con los dueños de los terrenos. Los propietarios recurrieron pero los jueces han ido fallando en estos años que tanto los derribos como las multas que empezaron a ponerse por las construcciones ilegales se ajustaban a la ley.

Como se ha indicado antes, algunos procedimientos han llegado al Tribunal Superior de Justicia de Extremadura, que también ha dado la razón al Ayuntamiento.

El Ayuntamiento anunció los derribos subsidiarios en 2012. Son los expedientes que se encuentran en su última fase. Es decir, que 17 años después de que se empezaran a vender los terrenos de esta propiedad proindivisa y que, por tanto, no se podían parcelar, las divisiones y las casas siguen en pie.