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El Tribunal Supremo ordena juzgar a los exgestores de la gasolinera San Martín

El Área de Servicio San Martín se encuentra en el polígono El Nevero. :: hoy
El Área de Servicio San Martín se encuentra en el polígono El Nevero. :: hoy
  • Determina que el delito contra la Hacienda Pública no ha prescrito y que no está claro que el padre y el hermano de los procesados no puedan sostener la acusación

La sala de lo penal del Tribunal Supremo ha decidido admitir los recursos de casación presentados por el Ministerio Fiscal, la Agencia Tributaria y el Área de Servicio San Martín en los que se solicitaba la celebración del juicio que debía sentar en el banquillo a los exgestores de ese grupo empresarial, que están acusados de cometer un delito contra la Hacienda Pública, otro de falseamiento de cuentas y otro de apropiación indebida.

Esos hechos tienen relación con la gestión del Área de Servicio San Martín entre los años 1998 y 2001, período en el que se habrían cometido varias actuaciones presuntamente delictivas por las que se exigió a los acusados una fianza de tres millones de euros para asegurar el pago de las responsabilidades pecuniarias que se pudieran derivar del proceso judicial en curso.

El juicio iba a celebrarse el año pasado y debía sentar en el banquillo a los hermanos S. O. S. M. y D. M. S. M., pero justo antes de comenzar la vista sus abogados defendieron que el delito contra la Hacienda Pública del que venían siendo acusados había prescrito. También plantearon que la acusación particular no tenía sentido porque quienes estaban detrás de esa acusación eran el padre y uno de los hermanos de los dos procesados.

Ambos argumentos fueron atendidos por el tribunal de la Audiencia Provincial, que entendió prescrita la infracción criminal y consideró la excusa absolutoria prevista en el artículo 268 del Código Penal (parentesco entre víctimas y acusados) en lo referido al resto de delitos que se les imputaban. Por esta razón no llegó a celebrarse el juicio en vía penal, una decisión que fue rechazada por las tres partes que presentaban acusación y que ahora ha sido resuelta por el Tribunal Supremo en una sentencia en la que se determina que sí debe celebrarse el juicio.

Para tomar esa decisión, el tribunal presidido por el magistrado Manuel Marchena concluye que el delito contra la Hacienda Pública no está prescrito porque antes de cumplirse los cinco años previstos en la ley, el juzgado de instrucción dictó un auto en el que admitía la querella «por todos los hechos que se invocaban y contra todos los querellados».

La sentencia ahora dictada indica que aunque en ese auto de admisión no se habla expresamente del delito contra la Hacienda Pública, «es disparatado deducir» que el instructor no quiso admitir a trámite la parte de la querella en la que se habla de este delito concreto. «¡Claro que no es elogiable ni modélica esa redacción del auto! Pero a esas deficiencias básicamente formales no cabe anudar tan relevantes consecuencias materiales (...). No es necesario que el auto de admisión de querella razone la tipicidad de los hechos si es evidente y no plantea duda alguna».

Vínculos parentales

Además, el Supremo indica que otras actuaciones posteriores, también producidas antes de que transcurriese el plazo de prescripción, confirman que ese auto judicial admitía la querella por el delito contra la Hacienda Pública «y que el juzgado había comenzado materialmente a investigar esa infracción».

El Tribunal también ha admitido la cuestión planteada por el Área de Servicio San Martín, cuya acusación fue desestimada por la Audiencia Provincial después de que los abogados de la defensa señalaran que había vínculos parentales entre los acusados y las víctimas, dado que quienes sustentan la acusación son un hermano de los acusados y la Estación de Servicios San Martín, que es dirigida por el padre de los dos procesados.

«El tema presenta aristas, matices y recovecos», dice el Supremo antes de concluir que en la fase preliminar del juicio no es posible archivar una causa por razones de fondo. «Abierto el juicio oral se hace imprescindible celebrar el juicio sin perjuicio de lo que se resuelva en sentencia».

Con este fallo del Supremo, la causa vuelve a la Audiencia Provincial de Badajoz, que deberá señalar una nueva fecha para el juicio.