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Diputación mediará para evitar las sanciones a los pueblos sin depuradoras

  • Diez localidades han sido multadas por la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir

badajoz. La Diputación de Badajoz mediará entre los ayuntamientos, la Junta de Extremadura y la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir para que se construyan instalaciones de depuración de aguas y para evitar sanciones por realizar vertidos sin tratamiento a los cauces de ríos y arroyos de la provincia.

El presidente de la Diputación de Badajoz, Miguel Ángel Gallardo, se reunió en la mañana de ayer con los representantes de una decena de municipios que actualmente vierten a la cuenca del río Guadalquivir para conocer «de primera mano el problema que les obliga aceptar una sanción que desde el ámbito local no es posible resolver».

A este respecto, Gallardo se comprometió a iniciar contactos, por un lado, con la Dirección General de Infraestructuras de la Junta de Extremadura para que se planifique la construcción de depuradoras de aguas residuales en estas localidades y en otras 95 de la provincia, con el objetivo de «evitar la paradójica situación de ser sancionado por algo que no puedes construir porque no es de tu competencia».

Por otro lado, se dirigirá también a la dirección técnica de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir para «reiterar la solicitud de archivo de las sanciones impuestas a los ayuntamientos» y solicitar la ejecución de un conjunto de obras «comprometidas por el organismo de la cuenca en los últimos años y que no han llegado a materializarse», según informa la Diputación en nota de prensa remitida a los medios.

Moción

El Pleno de la Diputación de Badajoz aprobó el pasado 26 de junio una moción conjunta de los grupos socialista y popular por la que instaba a la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir al archivo de expedientes sancionadores iniciados contra diversos ayuntamientos de la provincia por el vertido de aguas residuales de estas poblaciones al dominio público hidráulico sin que existan instalaciones de depuración.

En dicha moción se pedía además a las Confederaciones del Guadalquivir y Guadiana que autorizaran estos vertidos aunque no cuenten con sistemas de depuración y, en concreto, el texto detallaba que los «responsables de la falta de depuración son el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente (del cual forman parte las Confederaciones) y la Junta de Extremadura».

También se insta a estas dos administraciones «al cumplimiento de sus obligaciones para que doten a los municipios afectados de un sistema de depuración de aguas residuales adecuado, según normativa vigente», concluye el comunicado.

La legislación europea, aprobada en 2001, obligaba a que todos los municipios de más de 2.000 habitantes depuraran el 100% de sus aguas residuales antes del pasado 31 de diciembre de 2015. Ya en el año 2010, la Junta aseguraba que así se hacía con el 80% de las aguas sucias que generaba la región.