Un jubilado que vive en Segovia ralentiza el funcionamiento de la Diputación

Ni PP ni PSOE han estimado conveniente ninguna de sus reclamaciones. Pero a pesar de ser rechazadas por unanimidad, ralentizan la tramitación de los expedientes. Mariano Cabanillas fue policía nacional y reside en Segovia. Fue concejal de Talarrubias por Independientes por Extremadura y volvió a presentarse a las elecciones por Extremadura Unida, aunque no logró votos suficientes para conseguir un acta de edil. «Represento actualmente 17 votos», explica a HOY.

Cuando se le pregunta por qué presenta alegaciones a proyectos de la Diputación, su respuesta es que lo hace «en defensa de los ciudadanos». «Presento alegaciones porque en el Boletín Oficial de la Provincia de Badajoz se da opción a todos los administrados a hacerlas», añade.

Cabanillas está cansado de «cómo está el sistema» y cree que los jubilados deberían estar al frente de las administraciones. «Mi hobby es levantarme a las siete de la mañana y hacer alegaciones a todos los ayuntamientos».

Noventa kilos de papel

Dice que en su casa guarda 90 kilos de papel con todas las reclamaciones presentadas a distintas administraciones: Senado, Ayuntamiento de Talarrubias, Diputación de Badajoz y pueblos de todo el país. También explica que ha sido denunciado por 42 funcionarios públicos.

Este pacense presenta alegaciones a los presupuestos, a las modificaciones que se hacen en las cuentas, a los cambios de plantilla... En Talarrubias le conocen, y no solo porque fue concejal, sino porque también plantea reclamaciones. Entre las últimas se encuentran las que ha hecho a la plaza vacante para cubrir el puesto de juez de paz o al precio de los bonos de la piscina.

En la práctica las alegaciones de Cabanillas suponen, por ejemplo, que el Plan Dinamiza de la Diputación-por el que se invierte dinero en los pueblos- llegue a los ayuntamientos de la provincia al menos un mes después que si la alegación no hubiese sido presentada. En algunos casos, las inversiones tienen que estar terminadas antes del 31 de diciembre -por ejemplo si se pagan con ahorros- pero la alegación hace que los ayuntamientos tengan menos tiempo para hacer las obras.

Un derecho ciudadano

La realidad es que las administraciones no pueden negar el derecho a que cualquier ciudadano reclame, pero ante la cantidad de alegaciones presentadas por la misma persona en los últimos años se está estudiando la forma de simplificar el procedimiento administrativo para resolverlas.

El Pleno de la Diputación del 27 de mayo rechazó tres alegaciones firmadas por este ciudadano. Los informes de los altos funcionarios de la administración indican que ninguna está basada en los supuestos previstos en la Ley Reguladora de las Haciendas Locales.

En esa misma sesión, el presidente, Miguel Ángel Gallardo, explicó que los servicios jurídicos estudian la forma de agilizar las respuestas a las reclamaciones. «Ante la existencia de continuas alegaciones formuladas por un ciudadano, que concurre desde la condición de interesado, y que vienen a obstaculizar las diferentes etapas de los procedimientos administrativos seguidos por la institución, los servicios jurídicos estudian las posibles soluciones para evitar que incidan en la agilidad procedimental, máxime cuando se observa un interés contrario a los intereses generales».