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José Luis Sánchez Muñoz pelea desde hace años para que su hijo cobre la indemnización. :: c. moreno
Ordenan investigar dónde está la moto de un hombre que debe indemnizar por un accidente

Ordenan investigar dónde está la moto de un hombre que debe indemnizar por un accidente

La víctima todavía no ha recibido ni un solo euro y su padre cree que el condenado ha ocultado la moto para evitar que se la embarguen

Evaristo Fernandez

Lunes, 5 de octubre 2015, 08:02

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La Audiencia Provincial de Badajoz ha dictado un auto en el que obliga al juzgado de instrucción número 2 de Badajoz a practicar nuevas diligencias para tratar de averiguar si un hombre condenado a pagar una indemnización derivada de un accidente de tráfico está tratando de ocultar que posee una motocicleta de gran cilindrada para evitar que se la embarguen.

El auto firmado por los magistrado José Antonio Patrocinio, Enrique Martínez Montero de Espinosa y Emilio Serrano ha tenido en cuenta los argumentos expresados por el abogado que representa los intereses del joven que resultó herido en el accidente, quien aún no ha recibido ni un solo euro del propietario del caballo contra el que chocó su coche.

El accidente que dio origen a este proceso judicial tuvo lugar el 30 de diciembre del año 2004, cuando José Luis Sánchez Naranjo volvía en su coche particular desde Guadiana del Caudillo, donde trabajaba como repartidor de bombonas de butano. En el trayecto a Valdelacalzada se le cruzaron los animales, el accidente le dejó secuelas serias y tuvo que dejar el trabajo.

Tres años después, el juzgado determinó que Juan José A. C., el propietario de los equinos, debía entregarle 196.000 euros en concepto de indemnización, pero el condenado alegó que no poseía bienes para hacer frente a su responsabilidad.

En 2010, el padre de José Luis Sánchez Naranjo acampó a las puertas de la Audiencia de Badajoz para denunciar que el responsable del siniestro se había desecho de sus propiedades para eludir el pago de la indemnización. Finalmente, el juzgado de instrucción número 6 de Badajoz falló en 2012 que el dueño de los caballos liquidó la sociedad de gananciales que formaba con su esposa solo diez días después de ocurrir el accidente para evitar que le quitaran la casa.

Ese juzgado también rescindió la disolución de la segunda comunidad de bienes en la que participaba el condenado. En ese caso la disolución se formalizó en abril de 2008 y hacía referencia a una vivienda ubicada en Valdelacalzada que durante dos meses fue propiedad tanto de Juan José A. C. como de un hijo suyo, por lo que ese inmueble se convirtió también en un bien embargable.

La sentencia fue confirmada por la Audiencia de Badajoz, pero 11 años después del accidente no se ha abonado la indemnización. El abogado que defiende al accidentado es José Manuel Rubio Gómez-Caminero, quien ha explicado estos días que el procedimiento para cobrar la indemnización es muy lento, puesto que primero hay que conseguir la nulidad de los contratos de las dos viviendas, luego que sean puestas a nombre del condenado y, finalmente, embargarlas y sacarlas a subasta. «Todo eso no llevará menos de un año».

Menos dificultad parecía entrañar el embargo de una motocicleta de gran cilindrada que supuestamente es propiedad del dueño de los caballos. «Puede costar entre 6.000 y 7.000 euros, pero su abogado dice ahora que se la han robado. Lo sospechoso es que han ofrecido dos versiones distintas: en un escrito dice que se la robaron a su hijo en una gasolinera de Madrid y en otro, que se la robaron en el circuito de Jarama a punta de cuchillo. ¿Si es así, por qué no presentó denuncia en su momento de un hecho tan grave? Yo creo que más bien se está mofando del accidente de mi hijo e incluso de la justicia, tanto él como su abogado», se queja José Luis Sánchez Muñoz, el padre del joven que sufrió la colisión.

Con esta convicción, el abogado que defiende al accidentado denunció un presunto alzamiento de bienes ante el juzgado de Instrucción número 2 de Badajoz, pero ese órgano judicial consideró que no había indicios de delito y archivó las actuaciones.

Recurso de apelación

La decisión fue recurrida ante la Audiencia Provincial de Badajoz, que acaba de dictar un auto en el que pide al juzgado de Instrucción que amplíe las investigaciones. «Del relato de hechos que se efectúa en el escrito de denuncia no es posible deducir inequívocamente que no haya tenido lugar una conducta de ocultación (de la moto) para dificultar la eficacia de un procedimiento de apremio», indica la Audiencia.

Por este motivo solicita que se practiquen las diligencias propuestas en tres líneas distintas: determinar si «continúa vigente el aseguramiento de la motocicleta supuestamente sustraída», averiguar «si se siguen pagando los impuestos o arbitrios que gravan su circulación», y determinar «si pesan multas derivadas de su uso indebido».

La Audiencia entiende que la práctica de esas diligencias puede permitir que el hecho se esclarezca, «disponiendo después la juez 'a quo' lo que estime, con libertad de criterio, en orden a la continuación del procedimiento penal o al archivo del mismo».

«Yo me siento realmente decepcionado. Se supone que ellos han puesto dos denuncias diferentes por el robo de la moto, pero no hay constancia oficial, por eso las ha pedido mi abogado», afirma José Luis Sánchez Muñoz.

El padre del joven que chocó contra los caballos no oculta que se siente «decepcionado en parte por la justicia, por la lentitud», y también «por los engaños que sufrimos desde el principio con la casa». «Que este señor nos siga engañanado y no pague va en perjuicio de mi salud y de la de mi hijo», afirma.

«Hasta ahora no hemos recibido nada de la indemnización, pero sí hemos tenido que pagar los 12.000 euros que nos supuso el primer juicio. Sin embargo, la persona que tiene que pagar a mi hijo vive como un marqués, porque no le falta de nada», concluye.

José Manuel Rubio Gómez-Caminero, que cogió este caso como abogado de oficio porque creía que se estaba cometiendo una injusticia con el accidentado, advierte de que no se va a cansar de pelear. «Con independencia de lo que cueste la moto, quiero que esta gente no se ría de la justicia. No es cuestión mí ni de mi defendido, sino de dar credibilidad al sistema judicial y conseguir que realmente se haga justicia».

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