Aqualia explica que cortó el agua en 32 casas porque eran enganches ilegales a la red

Aqualia indica que se percató de los enganches ilegales en el mes de agosto durante una de sus rutas de lectura de contadores. Se trata de viviendas que no cuentan con un contrato con la concesionaria, pero se conectan a la red a través de una toma sin contador.

Ante estas evidencias la semana pasada la empresa procedió a levantar las actas de fraude correspondientes, dejando los avisos en las tomas de agua irregulares. Dio un plazo a los afectados para regularizar su situación y finalmente cerró las llaves de paso con tomas ilegales. Aqualia indica que hay unas 32 viviendas incluidas.

«Los ciudadanos que obtienen el suministro de agua sin contrato que los ampare, que manipulen el contador, o realicen derivaciones de caudal antes del contador, realizan actuaciones del todo ilegales y violan lo estipulado en el Reglamento del Servicio de Abastecimiento de Aguas», añade la empresa concesionaria. «El Servicio Municipal de Aguas lo forman todos los ciudadanos y como consecuencia de la acción indebida de terceros se resiente el bienestar y la calidad del servicio para los demás», añaden.

Tarifa social

Por su parte el concejal responsable de Aguas, Francisco Javier Gutiérrez Jaramillo, indicó ayer que está molesto por la acusación de cortar el suministro por impago y que, ante todo, esperan regularizar la situación de estas familias y facilitarles los recursos con los que cuenta el Ayuntamiento, como la tarifa social. El edil insistió en que en la ciudad no se ha cortado el agua por impagos y que no se hará.

Tras este proceso, los afectados deben acudir a Aqualia para realizar un alta de contrato. Así pueden regularizar su situación. Si sus ingresos son escasos, la empresa recuerda que hay un descuento aprobado por el Ayuntamiento que pueden solicitar. «Recordamos que el Servicio Municipal de Aguas dispone de una tarifa social, dirigida a ciudadanos con escasos recursos económicos, que el cliente puede solicitar, si cumple los requisitos», matizan.

Actualmente en la ciudad hay más de 1.200 familias beneficiarias de la tarifa social. Para conseguir este descuento deben justificar la escasez de recursos. Entre todos los miembros de la unidad familiar no pueden superar los ingresos marcados por el Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples (Iprem), que asciende a 532,51 euros al mes.

Una vez concedida esta ayuda, que se puede solicitar en cualquier momento, solo deben abonar una tarifa mínima por el servicio. Hasta los 30 metros cúbicos de consumo, estos hogares solo pagan el coste del servicio, es decir, unos tres euros. Si lo superan, también tienen precios más bajos que el resto de los usuarios.