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Miembros de la comisión técnica que visitó el año pasado las instalaciones del parking Conquistadores.
La Audiencia archiva las diligencias penales por el parking Conquistadores

La Audiencia archiva las diligencias penales por el parking Conquistadores

El Ayuntamiento de Badajoz muestra su satisfacción porque se vertían acusaciones sobre políticos, funcionarios municipales y la concesionaria

Rocío Romero

Sábado, 28 de febrero 2015, 00:13

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La sección primera de la Audiencia Provincial de Badajoz desestima el recurso de apelación presentado por los arquitectos del aparcamiento de Conquistadores y el PSOE contra la empresa concesionaria de las obras (Mesas del Río) y contra el Ayuntamiento de la ciudad.

Así lo anunció ayer el concejal de Urbanismo, Celestino Rodolfo. El edil valoró que con este auto la Audiencia archiva definitivamente las diligencias penales. De esta forma, cualquier actuación solo podrá tener cabida por la vía administrativa. Hay que tener en cuenta que el Ayuntamiento ha ganado todos los pleitos formulados por esta vía hasta la fecha.

Rodolfo incidió en que el auto archiva las diligencias penales tras la querella presentada en su día por un particular que dijo actuar a título personal, Juan Pedro Brun. Posteriormente, se sumaron los arquitectos contratados en su día por la concesionaria (Juan Carlos Sánchez y Ángel Ganivet) y el grupo municipal socialista.

En la querella se alegaba la presunta comisión de posibles delitos por parte del concesionario.

Se hacía referencia en primer lugar a la concesión para la construcción y explotación del aparcamiento a favor de la unión temporal de empresas (UTE) El Partal-Mesas del Río y la posterior autorización administrativa para su fusión en sociedad limitada como Parking Conquistadores SL. El segundo, la manipulación de las cifras relativas al proyecto básico y proyecto de ejecución en beneficio del concesionario con la finalidad de obtener un aumento ficticio del coste de la obra. El tercero incidía en la devaluación de las calidades recogidas en el proyecto en perjuicio del interés público.

Dicha querella fue archivada por el juzgado de instrucción número 3 de la ciudad hace ahora un año. Esta decisión fue posteriormente recurrida por los propios arquitectos y por el grupo municipal socialista.

Dicho recurso fue desestimado a su vez por el propio juzgado de instrucción, aunque se recurrió en apelación ante la Audiencia Provincial esgrimiendo una serie de argumentos que apuntaban a una posible «prevaricación administrativa, aparte de un delito de alteración del precio de concursos y subastas públicas». Celestino Rodolfo precisó que se vertían «acusaciones contra funcionarios y políticos del equipo de Gobierno», con respecto a presuntas prevaricaciones administrativas en la adjudicación del contrato. De ahí la satisfacción municipal por el archivo.

Según el concejal, el PSOE pretendía que prestaran declaración el entonces alcalde, Miguel Celdrán, o él mismo como delegado de Urbanismo. Rodolfo consideró que este es «un ejemplo más de que el equipo de gobierno está absolutamente limpio» en relación a este aparcamiento, un asunto que está en fase de resolución.

Desde que accedió a la Alcaldía hace dos años, Francisco Javier Fragoso se mostró decidido a romper el contrato con la concesionaria de las instalaciones.

Tras diferentes trámites, el Pleno ha iniciado ya el procedimiento y, desde ese momento, es Fragoso quien directamente gestiona la resolución del contrato. El Pleno tendrá que refrendar el último paso antes de que la instalación vuelva a manos del Ayuntamiento.

El Consistorio aún no ha hecho público si hay alguna empresa interesada en terminar la obra del aparcamiento y explotarlo durante varias décadas.

40 años desde 2007

El Consistorio adjudicó la construcción y explotación durante 40 años en el año 2007. Las obras debían terminar en 21 meses, a principios de 2009. Sin embargo, el edificio para asociaciones sigue inconcluso cinco años después. El resto del complejo, aunque podrían faltarle algunos remates, sí que se encuentra acabado. La situación se complicó en el verano de 2013, cuando el banco que había prestado el dinero a la concesionaria ejecutó la hipoteca. La vuelta de tuerca llegó en la subasta, que quedó desierta y, por tanto, la concesión sigue en manos de la empresa.

El baile de cifras es clave en todo el proceso. El proyecto de ejecución material de la obra pública ascendía a ocho millones. Subió a 11 con el IVA y el presupuesto de ejecución por contrata. Es este el único presupuesto que hasta ahora ha reconocido el Ayuntamiento y que también ha avalado un juzgado de la ciudad. La empresa asegura que se disparó a más del doble. En la valoración final estará el mayor obstáculo.

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