Luis Díaz-Ambrona: «La Administración juega con la pasividad de los ciudadanos»

La sala del Centro Cívico se llenó de propietarios afectados. :: g. c./
La sala del Centro Cívico se llenó de propietarios afectados. :: g. c.

La Plataforma de Afectados por el IBI va a celebrar una asamblea para decidir si presenta reclamaciones conjuntas o individuales

GLORIA CASARES

La Plataforma de Afectados por el IBI quiere iniciar los pasos para constituirse en asociación con personalidad jurídica, con el objetivo de hacer un recurso conjunto de los ciudadanos contra el Ayuntamiento por la subida de impuestos.

La primera medida tomada es convocar una asamblea para que los interesados en recurrir acudan y se avance en cuestiones legales.

En esta idea se avanzó en el acto público, celebrado en el Centro Cívico la semana pasada y al que acudieron más de cien personas y en el que el abogado que ha ganado una sentencia en el Tribunal Supremo contra el cobro de impuestos de forma indebida a los ciudadanos, Luis Díaz-Ambrona Bardají, informó sobre las posibilidades.

El abogado del Estado calificó de «incremento brutal» de los valores catastrales de los inmuebles de Almendralejo, «que no se corresponde para nada con la evolución en los mercados». Por ello, advirtió de que «un empresario puede irse a otra ciudad que fiscalmente lo trate mejor». Y apuntó que el valor catastral en Almendralejo «es proporcionalmente más alto que en ciudades como Mérida, Don Benito o Plasencia».

Además, dejó claro que es el Ayuntamiento de Almendralejo el que ha pedido que se revisen los valores catastrales estos años a la administración del Catastro «y lo mismo que pide al alza, lo puede pedir a la baja».

En su opinión, «no tiene justificación» esa subida de valores catastrales, teniendo en cuenta que los valores del mercado han bajado durante casi una década. Y dijo que la ley reconoce que el valor catastral tiene que estar por debajo del de mercado, cuestión que no se cumple en Almendralejo.

«Es una barbaridad»

El abogado reconoció que «desde el punto de vista formal, puede ser legal, pero es una barbaridad», por lo que algunos jueces fallan en contra de los ayuntamientos porque «es absolutamente abusivo por parte de la Administración». Y «es tal la injusticia» en los casos en los que, además, se cobra con cuatro años de retroactividad.

El impuesto que Díaz-Ambrona asegura que es más claro que no se puede cobrar si no ha habido incremento de valor en el inmueble es el de la plusvalía, porque no tiene base legal si se ha vendido por menos de lo que se compró. Conminó a que se hiciera un escrito y se presentara la escritura de compra y la de venta en el OAR para demostrar que no ha habido plusvalía.

A las urbanizaciones y terrenos como los de Las Pizarrillas, en suelo no consolidado, no le afecta la sentencia del Tribunal Supremo ganada por este abogado, que se refiere a terrenos no urbanizables.

Sin embargo, como la mayoría no cuenta con los servicios mínimos, algunos expertos creen que se puede reclamar al Ayuntamiento que el impuesto que se pague por el IBI urbano no sea en la misma cuantía que en la zona centro, por ejemplo.

Por ello, desde el bufete de abogados se animó a los propietarios a reclamar judicialmente porque la Administración está obligada a pagar las cantidades que sean declaradas como cobradas indebidamente, «cuatro años atrás, como mínimo, más los intereses».

Pagar siempre

Si bien pidió que se reclame después de pagar el recibo, que si se gana será devuelto y con intereses.

«La Administración juega con la pasividad de los ciudadanos», apostilló en referencia a que muchos ciudadanos no reclaman en ocasiones por cantidades como 50 euros, pero recordó que esa cantidad se suma cada año y entre todos los ciudadanos suponen cantidades importantes para los ayuntamientos.

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