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El medio ambiente sigue sufriendo en Almendralejo

Se ve una de las roturas del colector que llega al arroyo. :: g. c.
Se ve una de las roturas del colector que llega al arroyo. :: g. c.
  • Un estudio de la Universidad de Murcia analiza la lucha de la sociedad civil para poder denunciar acciones contaminantes en la ciudad

almendralejo. Un trabajo de fin de Grado en la Facultad de Biología en la Universidad de Murcia desarrolla el caso de la Plataforma contra la Contaminación de Almendralejo y la lucha que lleva desde hace años para poder denunciar ante las autoridades públicas los diversos casos de ataques al medio ambiente en la ciudad extremeña.

El trabajo se centra en Almendralejo, dentro del conjunto del país, ya que esta asociación ha puesto de manifiesto el incumplimiento en varios puntos del Convenio de Aarhus, calificado como el instrumento jurídico internacional más importante relativo al derecho de acceso a la información, a la participación pública y el acceso a la justicia en materia de medio ambiente.

Este convenio, ratificado por todos los países europeos, pretende asegurar la participación de la sociedad civil en el proceso político de toma de decisiones y su rango es superior a la Ley.

Es por ello por lo que la Plataforma decidió denunciar el caso de Almendralejo ante la ONU. Poco después, la Comisión Económica Europea de la Naciones Unidas admitió en 2009 la queja de la Plataforma contra la Contaminación de Almendralejo, que denunciaba el «reiterado incumplimiento» por España del convenio Aarhus.

El trabajo de la licenciada en Biología M. Ángeles Pérez Alajarín analiza su incumplimiento en Almendralejo, donde tanto la Junta de Extremadura como el Ayuntamiento han negado desde hace años la información medioambiental solicitada por la Plataforma.

«Almendralejo no tiene grandes industrias; sin embargo genera una contaminación considerable», apunta el trabajo, que recuerda que debido a ello, el Ministerio de Medio Ambiente tomó la decisión de sancionar en varias ocasiones al Ayuntamiento por los vertidos contaminantes arrojados al arroyo Harnina. «Este cauce ha sufrido las consecuencias negativas de una canalización de aguas residuales ineficiente, así como las roturas del colector que lleva el agua residual municipal a la depuradora», señala el estudio.

El trabajo considera, además, que se le ha negado la justicia gratuita a esta asociación a pesar de que debía tener derecho a ella al tratarse de una oenegé sin ánimo de lucro y cuyo objetivo es la defensa de los derechos de los ciudadanos. «La ley carece de efectividad», porque es a través de ella como se puede garantizar el acceso a la información y a la elaboración de planes, programas y políticas», según la bióloga.

Actualidad

La situación actual en Almendralejo ha mejorado en algunos aspectos, aunque en otros sigue igual que hace décadas, en opinión del presidente de la Plataforma contra la Contaminación, Félix Lorenzo, y que recoge el trabajo investigador.

Por ejemplo, ha mejorado con la puesta en marcha de la alcoholera de Vinaoliva, ya que la extinta Vinibasa, en pleno casco urbano, vertía los residuos a los colectores municipales. Y su chimenea no sólo emitía un «hedor que inundaba las calles, sino también dioxinas y furanos» en humos que llegaban hasta el colegio Antonio Machado.

Y ante ello «el comportamiento de los ciudadanos es totalmente sumiso y pasivo», apunta Lorenzo.

El colector general de aguas residuales, en cambio, sigue perdiendo la mitad de las aguas sucias en el trayecto a la depuradora por su mal estado, como reconoció el propio alcalde, José García Lobato, el mes pasado. Aunque se están dando pasos para construir uno nuevo, aún ni siquiera se ha adjudicado la obra.

Entre medias Almendralejo ha vivido episodios de contaminación inadmisibles, como la fábrica de grasas del polígono industrial, que se instaló sin licencias. Además, la rotura del colector puso al descubierto que estaban vertiendo restos de grasas animales directamente a la red general.

El Ayuntamiento no sólo no hizo nada, sino que carecía de personal que midiera los vertidos a la red. Tuvo que cerrar el año pasado ante la imposibilidad de cumplir con la legislación de vertidos, años después de su puesta en marcha.

También la granja de pollos amplió sus instalaciones en 2013 «sin ningún tipo de licencia, estudio de impacto ambiental y demás. Después de mucho insistir, el Ayuntamiento lo considero obra menor y sancionó a la granja con 600 euros».