El Consistorio de Almendralejo sigue sin dar información medioambiental

Por ello, explicaron en una nota de prensa que presentarán una nueva denuncia ante el Ayuntamiento, esta vez por no haber facilitado la información solicitada a través de un escrito, remitido en julio, en relación a si tenían conocimiento del «estado lamentable que presentaba el arroyo Las Picadas, en el que el cauce estaba lleno de basura, tierra y hierba».

En el citado escrito, también se comunicaba a las autoridades locales la existencia de dos colectores que vertían aguas residuales al arroyo en una zona del polígono industrial.

A pesar de no contestar a esta solicitud de información, días después, el Ayuntamiento limpió parte del cauce del citado arroyo, «seguramente pensando en que las fiestas patronales estaban próximas a celebrarse», apunta la nota. La limpieza del cauce puso de manifiesto «el estado deplorable en el que se encuentra, pues quitando el refugio que tenían, las ratas corrían por el cauce buscando protección y comida», aseveran.

Asimismo, la plataforma ciudadana pedirá el amparo judicial para lograr copia de un informe sobre el funcionamiento de los cinco puntos permanentes de control de vertidos, que se instalaron en marzo de 2011 en varios puntos.

Vertidos ilegales

Quieren saber si han detectado algún vertido irregular o descubierto a alguna industria que vertiese ilegalmente.

En opinión de esta plataforma, la forma de actuar del Ayuntamiento, que no contesta a las peticiones de información solicitadas, demuestra «un triste constatar» y es que, apuntan, «por el Ayuntamiento pasan los años, los partidos, las personas, pero permanecen viejas y caducas costumbres más propias de regímenes políticos que no entienden de normas democráticas elementales».

En este sentido, invitan a imaginarse una situación similar al a inversa, como si cada vez que un ciudadano tuviese que cumplir con una norma local, el consistorio tuviese que acudir a los tribunales para obligar a cumplirla. «Eso sí, al ciudadano le costaría el dinero el procedimiento judicial; al ayuntamiento también, solo que en este último caso de nuevo lo pagamos los ciudadanos», sentencian.